documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 14/2000
tación en la edad para el acceso a la contración laboral, límite que se
concreta en la que sobrepase aquella en la que falten menos de diez
años para la jubilación forzosa por edad, determinada por la legislación
básica en materia de función pública.
No obstante, esta limitación, a juicio de esta Institución, no resulta
aplicable al caso que nos ocupa, y ello por cuanto el artículo 177.3 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece una causa
de nulidad de los contratos laborales, que afecta exclusivamente a los
celebrados por tiempo indefinido, por lo que, ante los inequívocos términos
del precepto, no cabe hacer una interpretación extensiva del mismo
y entenderlo aplicable a la contratación de personal de carácter temporal,
dado que, además, puede colegirse que no es éste el espíritu de la norma.
En tal sentido, en el presente supuesto, nos encontramos ante un
contrato temporal a tiempo parcial de una duración prevista de seis
meses, evidenciándose la inadecuación de aplicar a esta modalidad contractual
lo establecido para la contratación indefinida, al carecer de razón
de ser, si se atiende a la duración citada, la aplicación del límite de edad
de cincuenta y cinco años para poder participar en la convocatoria.
Con independencia de ello, el examen del baremo de méritos recogido
en la base octava de la convocatoria de 24 de febrero de 1998 muestra
que se contempla la valoración de circunstancias que no pueden ser consideradas
como méritos. Más en concreto, ello resulta predicable de la
puntuación de los factores recogidos en los apartados 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4,
es decir, respectivamente, ser viudo, separado, divorciado o madre soltera,
con hijos a cargo; tener hijos a cargo, menores de dieciocho años;
tener entre dieciocho y treinta años; y la antigüedad de inscripción como
demandante de empleo en el Instituto Nacional de Empleo.
A este respecto, es menester reparar en que es evidente que ni un
determinado estado civil, ni las cargas familiares, ni la edad y, por fin,
ni la antigüedad en la demanda de empleo son circunstancias que denotan
un mayor mérito, ni que suponen una mayor capacidad y, por ende, no
se acomodan a los principios constitucionales de acceso al empleo público.
En tal sentido, las indicadas circunstancias podrán ser, sin duda, dignas
de protección a través de los mecanismos sociales correspondientes, pero
no pueden ser tenidas en cuenta a la hora de resolver un proceso selectivo
para el acceso al empleo público, ya que colocan a unos aspirantes en
mejor situación que otros por razones que resultan totalmente ajenas
a los principios de mérito y capacidad, los cuales quedan así vulnerados.
En mérito a lo expuesto y en uso de las atribuciones que le vienen
conferidas por el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
esta Institución dirige a ese Ayuntamiento las siguientes:
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