documento - Defensor del Pueblo

96/2000 RECOMENDACIONES
ro 3/1988, en la que se instaba a los fiscales a que pusieran todo su
esfuerzo para que las obligaciones que se derivaban de las pensiones
alimenticias establecidas por la autoridad judicial se cumplieran, utilizando
para ello todos los medios previstos por el ordenamiento jurídico,
incluso las acciones penales cuando fueran procedentes.
Sin embargo, la realidad diaria demuestra que existe un número considerable
de personas que actualmente no perciben las pensiones que
les han sido reconocidas por los tribunales de justicia. Dichos incumplimientos
obedecen, básicamente, a dos causas, por una parte, pueden
deberse a la negativa voluntaria de la persona obligada al pago y, por
otra, a la imposibilidad real de hacerlo efectivo dada la situación de insolvencia
del obligado al pago.
En ambos casos se producen situaciones de auténtica necesidad, sobre
todo en aquellos casos en los que no existen otros recursos económicos
y la pensión judicialmente fijada constituye el único medio de subsistencia
de la familia. La constatación de estas situaciones observada diariamente
por esta Institución determinó que el Defensor del Pueblo en su informe
anual a las Cortes Generales del año 1995 expusiera la necesidad de que
se arbitraran fórmulas que permitieran crear un fondo de garantía de
pensiones y alimentos para que, una vez acreditado el impago, el Estado
asumiera una cobertura mínima, en aquellos supuestos en que se apreciaran
situaciones de auténtica necesidad, en las que se vieran afectados
menores de edad, con independencia de la situación legal en que se encontraran
sus progenitores.
Del mismo modo, y como consecuencia de una concreta investigación
realizada el año 1999, esta Institución se puso en contacto con el Ministerio
de Justicia, dándole traslado, por una parte, de un caso planteado
por una ciudadana, que denunciaba de impago de la pensión alimenticia
fijada a su favor en resolución judicial y que no percibía desde el año
1993 y, por otra, expresando la preocupación del Defensor del Pueblo
por la falta de mecanimos legales que permitieran solucionar, con carácter
general, supuestos como el mencionado.
Por ello, se solicitó del citado Departamento Ministerial ser informados
de las previsiones existentes en dicho Ministerio sobre la posible
existencia de alguna iniciativa legal tendente a la creación de un fondo
de garantía de pensiones alimenticias. Recientemente se ha recibido el
informe solicitado, en el que se indica que dicho Departamento no tiene
prevista ninguna iniciativa legal sobre la materia, al ser ésta competencia
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con independencia de que
si este último Ministerio adoptase la iniciativa de regular un Fondo de
Pensiones, el Ministerio de Justicia colaboraría en el impulso normativo
que, en su caso, fuese oportuno.
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