documento - Defensor del Pueblo

73/2000 RECOMENDACIONES
normas con precisión, haciendo incluso referencia al boletín oficial donde
han sido publicadas.
Por otra parte, en el informe que nos ha remitido se señala que la
norma municipal que establece la limitación de peso que presuntamente
se infrigió es el artículo 26 de la Ordenanza General de Tráfico de ese
Ayuntamiento, a la que no se hace referencia alguna ni en la propuesta
de sanción ni en la resolución sancionadora.
Como hemos señalado anteriormente, en el texto de dichos actos administrativos
se menciona como precepto infringido el artículo 39.2 del
Reglamento General de Circulación, que prevé que en determinados itinerarios,
partes o tramos de ellos, se podrán establecer restricciones temporales
o permanentes a la circulación de determinados vehículos, pero
que no establece ninguna prohibición ni limitación efectiva, por lo que
difícilmente puede considerarse dicho artículo el precepto infringido,
como se reconoce implícitamente en el último informe de esa corporación.
Asimismo, en dicho informe se señala lo siguiente:
«Por lo que se refiere a la notificación de resolución que desestima
el recurso de alzada, a la vista del contenido impreso de la misma con
expresión de los hechos confirmadores de la infracción, de las disposiciones
aplicables y del acuerdo desestimatorio del correspondiente recurso de
alzada, deducimos que cumple suficientemente con las exigencias impuestas
por el artículo 54 de la citada Ley 30/1992 (“sucinta referencia de hechos
y fundamentos de derecho”) y por la reiterada jurisprudencia constitucional.
A la vista de lo anteriormente expuesto entendemos que con las citadas
actuaciones no se ha producido una situación de indefensión material al
recurrente que es lo que determinaría la invalidez del acto, habiéndosele
notificado adecuadamente al interesado el procedimiento en todas y cada
una de sus fases.»
En relación con estas manifestaciones, debe considerarse que cualesquiera
que hubiesen sido las alegaciones del denunciado se podría
haber utilizado el mismo modelo de propuesta de sanción, de resolución
sancionadora y de resolución del recurso de alzada, dado el carácter genérico
de la fundamentación de dichos actos. En este sentido, debe señalarse
que para evitar la ambigüedad, la imprecisión y la incongruencia de las
resoluciones administrativas es conveniente evitar la utilización abusiva
de modelos, práctica administrativa que se pone de manifiesto en los
actos administrativos notificados al interesado.
La jurisprudencia ha señalado en numerosas ocasiones que la motivación,
para cumplir las exigencias constitucionales o legales, no precisa
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