documento - Defensor del Pueblo

25/2000 RECOMENDACIONES
Igualmente, en la citada sentencia se argumenta que «aun no siendo
formalmente exigible la ratificación posterior, se trata de una consecuencia
ineludible del principio de contradicción que guía el procedimiento sancionador,
a fin de que el agente interviniente aclare o disipe las dudas que
puedan surgir con ocasión de las alegaciones defensivas del expedientado»,
y que como éste negó los hechos, «quedan debilitados en extremo si no
se acredita que quien suscribe la segunda diligencia estuvo presente y observó
personalmente los hechos sobre los que depone, ya que la aclaración
se refiere al denunciante que es, obviamente, otro funcionario».
Como colofón de estos razonamientos, también se afirma que «no puede
considerarse probado el hecho denunciado, ayuno de cualquier otra
prueba de cargo que no fuera la mera denuncia, ratificada por quien
no la suscribió ni está acreditado que comprobara personalmente los
hechos de la denuncia ni aquellos sobre los que versa su diligencia de
aclaración, razones por las que debe prevalecer el derecho constitucional
a la presunción de inocencia».
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28
y30delaLey Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor
del Pueblo, procedemos a formular la siguiente sugerencia: «Que se proceda
a la revocación de las sanciones impuestas a la formulante de la
queja, ya que en los expedientes sancionadores tramitados al efecto no
se ha tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 79.2 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y 12.2 del Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento
sancionador en materia de tráfico, circulación devehículos a motor y seguridad
vial. Al no poderse considerar probadas las infracciones cometidas,
debe prevalecer el derecho constitucional a la presunción de inocencia.»
Igualmente se considera oportuno formular, al amparo de los referidos
preceptos de nuestra Ley Orgánica, la siguiente recomendacion: «Que,
en adelante, se cumpla fielmente lo dispuesto en los artículos 79.2 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y 12.2 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación devehículos
a motor y seguridad vial y, en consecuencia, cuando el denunciado presente
alegaciones o pliego de descargos se dé traslado de su contenido
al mismo Agente de la Policía Local que formuló la denuncia, ya que
fue testigo de la infracción. Y ello para que informe al respecto en el
plazo de quince días.»
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Madrid, 13 de marzo de 2000.
Recomendación dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Madrid.