documento - Defensor del Pueblo

61/2000 RECOMENDACIONES
aunque se indican los criterios que se siguen en la citada corporación
local para incluir a personas en la mencionada lista.
A la vista del contenido del último informe recibido, esta Institución
desea hacer a S. S. las siguientes consideraciones:
En primer lugar, se observa que el Ayuntamiento de Puente Viesgo,
aunque no tiene establecidos módulos objetivos, reflejados en baremos
publicados, para la distribución de alimentos recibidos de Cruz Roja a
personas necesitadas, actúa, no obstante, en la dispensación de dichas
prestaciones en especie conforme a criterios que priman el estado de
necesidad de quienes los solicitan. Ello no es óbice para que deba examinarse
si, por ser el Ayuntamiento una corporación pública, debe otorgarse
un carácter más objetivo a dichos criterios, con posibilidad de conocimiento
por los ciudadanos posibles solicitantes de dichas prestaciones.
Lo cual exige entrar en la consideración de dos cuestiones principales:
si la concesión de alimentos, prestación decarácter eminentemente asistencial,
debe ser objeto de regulación, y si el ayuntamiento está obligado
a reglamentar su concesión, aun realizando únicamente funciones de
intermediación, dado que la financiación de los alimentos corresponde
a Cruz Roja.
Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones enunciadas, ha
de decirse que la concesión de alimentos tiene carácter complementario,
y en cierto modo residual, respecto de las prestaciones concedidas por
los sistemas públicos, estatal o autonómicos, de protección o de asistencia
social. En modo alguno se quiere significar, con lo dicho anteriormente,
que dicha prestación carezca de relevancia e importancia para quienes
la reciben; al contrario, por tratarse de una prestación en especie puede
resultar muy efectiva. Se trata, sin duda, de un beneficio asistencial cuyo
origen se remonta a años bastante anteriores, cuando las prestaciones
de beneficencia o de asistencia social eran discrecionales, en el sentido
de no tener la condición de derecho subjetivo propio del interesado.
A juicio de esta Institución, dicha prestación, tal como se encuentra
configurada, tanto por la naturaleza de la entidad que la financia como
por el propio contenido de la prestación, sigue siendo una prestación de
asistencia social, de carácter discrecional, no exigible en derecho por el
ciudadano, que puede enmarcarse dentro del concepto más amplio de
ayudas de emergencia social.
Sentada la afirmación anterior, no puede olvidarse, sin embargo, la
modificación sustancial que han experimentado las prestaciones de asistencia
social, en lo que se refiere a su naturaleza jurídica, desde la publicación
de la Constitución y la legislación de desarrollo emanada de las
Comunidades Autónomas. No sólo algunas prestaciones típicas de asis­
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