documento - Defensor del Pueblo

91/2000 RECOMENDACIONES
dos centros visitados, la estancia de esas personas en dichos departamentos
suele ser muy breve, siendo también frecuente que de nuevo las
mismas vuelvan a ingresar en prisión por cometer nuevos hechos delictivos.
Además del problema apuntado, las enfermedades que padecen estos
internos y la imposibilidad de gobernarse por sí mismos pueden generar
otro tipo de problemas para el hospital psiquiátrico penitenciario que
les custodia, especialmente en aquellos casos en los que es necesario contar
con su consentimiento, bien para someterse a tratamientos médicos
agresivos o arriesgados para su salud o bien para realizar actos de gestión
o de administración de su patrimonio.
A la vista de todo lo anterior, puede afirmarse que en estos momentos
no se está cumpliendo la previsión legal que se contempla en el artículo
203 del Código Civil (en el futuro artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, aprobada por Ley 1/2000, de 1 de enero, que entrará
en vigor el próximo 7 de enero de 2001), ya que ni el Ministerio Fiscal
promueve la declaración de incapacidad de los internos en los centros
antes indicados, ni las autoridades y funcionarios públicos que están al
frente de dichos centros ponen en conocimiento de aquél, en todos los
casos las posibles, las causas de incapacitación de las personas que están
custodiando. Esta inactividad genera en la práctica una situación de abandono
y desamparo para aquellas personas que padecen enfermedades
y deficiencias que les impiden gobernarse por sí mismas.
En el caso concreto del Ministerio Fiscal su intervención nosólo viene
determinada por los artículos antes mencionados, sino que, además, el
artículo 3 de su estatuto (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) le impone
la exigencia de promover todas aquellas acciones concernientes al estado
civil de las personas, especialmente cuando se trata de menores y desvalidos.
En atención a todo lo anterior, esta Institución, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30 de su Ley Orgánica reguladora y en la medida
que la cuestión expuesta afecta a derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos, ha acordado remitir a V. E. la presente recomendación,
para que: «Por esa Fiscalía General del Estado se impartan las
órdenes oportunas a fin de que, en todos aquellos casos que proceda,
se inicien los correspondientes procedimientos civiles de declaración de
incapacidad y consiguiente nombramiento de tutor judicial de los internos
que en estos momentos se encuentran en los Hospitales Psiquiátricos
Penitenciarios de Alicante y Sevilla, extendiéndose tales procedimientos
a cuantos otros internos puedan permanecer en igual situación en otros
centros penitenciarios.»
328