documento - Defensor del Pueblo

23/2000 RECOMENDACIONES
siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones
de absoluta igualdad (Sentencia del Tribunal Constitucional 83/1984, de
24 de julio). Por tanto, este precepto establece el principio de igualdad
jurídica o igualdad de los españoles ante la ley, que constituye, por imperativo
constitucional, un derecho fundamental de la persona a no sufrir
discriminación jurídica alguna, esto es, a no ser tratado jurídicamente
de manera diferente, a quienes se encuentren en su misma situación,
sin que exista una justificación objetiva y razonable de esa desigualdad
de trato (Sentencia del Tribunal Constitucional 8/1986, de 21 de enero).
La doctrina se ha manifestado también en este mismo sentido y así
el autor citado anteriormente, señala que “el principio de igualdad no
puede impedir al legislador dictar normas distintas para situaciones
distintas, única forma de adaptar la disciplina jurídica a los diversos
aspectos de la vida social, de manera que una ley que equiparara situaciones
que son objetivamente distintas, viola en su sustancia el contenido
del principio de igualdad. Nuestro ordenamiento constitucional
prohíbe, en efecto, la discriminación precisamente porque la primera
se fundamenta en unos motivos de carácter objetivo que no existen
en la segunda”.
En consecuencia, no pueden establecerse desigualdades que no nazcan
de la ley y que no obedezcan a la peculiaridad, actividad o funciones
del cargo (en la referencia al supuesto que se estudia), de manera que
las mismas sean exigencias necesarias o convenientes para su desempeño,
de forma que es posible que sean distintos los requisitos o las condiciones
que los ciudadanos deben reunir para aspirar a los dintintos cargos o
funciones —posesión de determinadas titulaciones, edades mínimas,
etc.— (Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1986, de 23 de abril).
En este punto del informe, debe examinarse si la condición establecida
por la EMT para poder acceder al puesto de conductor de haber cumplido
el servicio militar, supone una discriminación para la mujer, o se apoya
en alguna norma que determine la conveniencia o necesidad de reunir
este requisito para acceder a este empleo. Es decir, si existen razones
objetivas de disparidad, declaradas por la ley, que justifiquen la diferencia
de trato.
El artículo 30 de la Constitución reconoce el derecho de los españoles
de defender a España, a la vez que se le considera también como un
deber. Tanto en su consideración de derecho como de deber, debe uno
preguntarse si la mujer queda discriminada, al no estar obligada a realizar
el servicio militar. Esta discriminación podría entenderse como limitación
del deber que la Constitución impone con carácter general a todos los
españoles de defender a España, pero a la vez como una discriminación
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