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documento - Defensor del Pueblo

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9/2000 RECOMENDACIONES<br />

—pese a los aproximadamente 68 niños escolarizados— ningún otro trabajador<br />

pueda hacerse cargo de sus funciones (como la necesaria administración<br />

de medicación) durante el período de tiempo antes citado, imponiendo<br />

de este modo a los padres la obligación de hacer frente a dichas<br />

tareas, bien en el propio centro o incluso en sus domicilios.<br />

Cuarta. Del informe recibido de esa Dirección General, a que se<br />

hace referencia en el encabezamiento, se deduce que esta problemática<br />

situación que puede plantearse en cualquier centro de educación especial<br />

está motivada no tanto por la falta de medios personales suficientes para<br />

las necesidades educativas especiales de los alumnos en ellos escolarizados,<br />

sino por la rigidez <strong>del</strong> procedimiento establecido con carácter general<br />

para llevar a cabo las sustituciones <strong>del</strong> personal que por una causa<br />

u otra se dan de baja.<br />

En base a cuantas consideraciones han quedado expuestas, esta Institución<br />

en el ejercicio de la responsabilidad que le confiere el artículo 54<br />

de la Constitución, y el amparo <strong>del</strong> artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981,<br />

de 6 de abril, <strong>del</strong> <strong>Defensor</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, viene a formular a V. I. la siguiente<br />

recomendación: «Que se arbitren las medidas necesarias para que las<br />

sustituciones <strong>del</strong> personal en centros escolares sean tramitadas con la<br />

mayor celeridad y eficacia posible, principalmente en aquellos centros<br />

como el aquí en cuestión en los que los alumnos requieren de una atención<br />

más personalizada e intensa.»<br />

Madrid, 28 de enero de 2000.<br />

Recomendación dirigida al Director General de Personal y Servicios<br />

<strong>del</strong> Ministerio de Educación y Cultura.<br />

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