documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 54/2000
entre sí, a fin de estudiar las soluciones más adecuadas para su curación
(responde al principio de coordinación tan preconizado en la legislación
sanitaria), no puede soslayarse, sin embargo, el hecho de que, cuatro
meses después de fallecida la paciente a que se refiere la queja, reciba
comunicación del hospital Clínico de Valladolid para ser intervenida. Tal
hecho refleja, al menos, falta de información del hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles» al hospital Clínico de Valladolid y, también, ausencia de
coordinación efectiva, lo cual es causa razonable para que los familiares
de la persona fallecida se sientan heridos en su sensibilidad.
Segunda. En las instituciones sanitarias debe dejarse constancia
por escrito de los datos y circunstancias que tengan incidencia en el
proceso asistencial de los pacientes, de conformidad con el derecho que
les reconoce expresamente el artículo 10.11 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad. No afirma esta Institución que deban
levantarse actas de las sesiones clínicas, pues este método, tan característico
y eficaz de la práctica médica, tiene sus propias reglas; ni tampoco
que deban registrarse las conversaciones telefónicas entre profesionales.
Pero ello no exime al hospital «Nuestra Señora de Sonsoles»
de la obligación de dejar constancia escrita en la historia clínica del
paciente, mediante adendas, anotaciones marginales o sistema similar,
de los acuerdos tomados en sesión clínica o en conversación telefónica.
Ahora bien, si los datos referidos al paciente quedan reflejados en documentos
escritos que constituyen, en su conjunto, la historia clínica que
se guarda en el centro sanitario, y ésta sale del hospital a otro de
conexión o referencia para la realización de determinada intervención,
el hospital remitente ha de establecer con el hospital receptor un procedimiento
de información escrita adicional, con el fin de comunicar los
sucesos nuevos que se producen en su historial y que afecten a la intervención
que se quiere realizar. Todo ello en orden a conseguir una mejor
coordinación e interrelación entre los diferentes niveles asistenciales,
principios que se contemplan en los artículos 46.c) y 65.3 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, y a evitar situaciones no deseadas como la producida
en la presente queja.
Por cuanto antecede, esta Institución, en uso de las facultades que
le confiere el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del
Defensor del Pueblo, formula a esa Dirección Provincial la siguiente recomendación:
«Que por esa Dirección Provincial, en relación con los hospitales
que se encuentran en el ámbito de su competencia, y en aquellos
supuestos de derivación de pacientes a otros centros sanitarios para que
en éstos se realicen pruebas diagnósticas o intervenciones sanitarias, se
valore la oportunidad y conveniencia de establecer un sistema procedi­
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