documento - Defensor del Pueblo

98/2000 RECOMENDACIONES
considera que el valor catastral de las fincas forma parte del derecho
ala «privacidad» que es un concepto más amplio.
Segunda. El objeto de esta investigación no se extiende a la información
derivada de la gestión catastral que solicitan distintas Administraciones
públicas ni a la que tiene un carácter estadístico, ya sea solicitada
por una Administración o por una persona física o jurídica particular,
dado que tal información no contiene datos de carácter personal
que deban ser especialmente protegidos.
Tampoco nos referimos al acceso a la información contenida en el
Banco de Datos Catastral referente a los datos técnicos que describen
físicamente el bien inmueble individualizado, ya que el artículo 4.a) del
citado Real Decreto permite que las entidades privadas y particulares
puedan acceder a ellos. Como es obvio que se refieren a las circunstancias
objetivas de los inmuebles no se ha presentado ningún problema en cuanto
a la información que se facilita al respecto.
Continuando con la delimitación del objeto de esta queja, está claro
que tampoco se plantea ninguna duda sobre la regulación que se hace
en el artículo 3 de ese Real Decreto del acceso a los datos de carácter
personal que figuran en el Banco de Datos Catastral. En este punto conviene
precisar que de todos los datos que se contienen en el catastro
únicamente el nombre, apellidos, DNI o NIF y domicilio de los titulares
de los bienes inmuebles tienen el carácter de personales, ya que permiten
identificar a las personas físicas de forma directa e inmediata.
El resto de la información relativa a las características económicas
y jurídicas de los bienes inmuebles individualizados, que también se incluye
en ese artículo 3, no debe tener la misma consideración de datos personales,
por lo que el acceso a tal información debería tener una regulación
diferenciada. La intimidad o privacidad hace referencia a las personas
y en este caso a la relación que las mismas tienen con los inmuebles
(la cual figura en el Registro de la Propiedad), pero no hace referencia
al inmueble en sí mismo.
Tercera. El objeto de la queja es determinar el grado de protección
que debe darse al «valor catastral» de una finca rústica o urbana concreta
en cuanto que es un dato que afecta a sus características económicas.
Como quiera que tanto la LORTARD como la LOPDCP, que entró
en vigor el pasado 14 de enero, definen el dato de carácter personal como
«cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables» es preciso determinar si el valor catastral permite que
una persona sea identificada o identificable, en cuyo caso tendría una
protección igual a la que tiene la identidad del titular de la finca.
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