Untitled - Folklore Tradiciones

Primeras Jornadas “Nuestra lengua, un patrimonio”
de radiodifusión se difundirán en idioma castellano”
La defensa del castellano se manifiesta también en el hecho de que se
regula el uso de las lenguas extranjeras, limitando su circulación y estableciendo
la obligatoriedad de la traducción como un medio de defensa lingüístico. El Manual
de 1946 permite las lenguas extranjeras sólo en el caso de “disertaciones,
conferencias, etc. de extranjeros ilustres (...) con la sola condición de que se
ofrezca a los oyentes una traducción simultánea o inmediata al español del texto
irradiado” (art.45). En 1965 se extiende la aceptación a los programas dirigidos
a comunidades extranjeras, pero solo en fechas especiales y “con la obligación
de ofrecer la correspondiente traducción” (art. 15). En los 80, se restringe más
la difusión de dichos programas (1981, decreto 286, art. 11), aunque con previa
autorización del COMFER se acepta como excepción que no sean traducidos
(1980, art. 15). La obligatoriedad de la traducción se aplica, en cambio, al discurso
publicitario, en el caso de expresiones “que no sean marcas o denominaciones de
uso universal” (1980, art. 23), lo que daría cuenta, junto con la obligación de que
los anuncios se expresen en castellano (“Todo anuncio debe expresarse en
castellano”, 1980, art. 23), de la fuerte penetración del inglés en ese tipo de
mensajes.
Frente a estos antecedentes, hacia fines de la década del 90 se observa un
viraje hacia una política lingüística que abandona las medidas proteccionistas
respecto del castellano. Si la ley de 1980 sostiene que las emisiones “se difundirán
en idioma castellano” (art. 15), en 1998 se afirma “deberán orientar su
programación a la difusión del idioma castellano” (decreto 1062, art. 1), con lo
que ya no es considerada lengua obligatoria. En 1998, por otra parte, se deroga
(decreto 1771, art. 13) tanto la regulación sobre los programas dirigidos a
comunidades extranjeras (1980, art. 11) como lo que se consideró en 1980 una
norma rectora: la utilización del idioma castellano “respetando sus ordenamientos
semántico y gramatical” (1981, decreto 286, art. 1). Finalmente, a partir de 1999,
ya no es obligatorio que los anuncios publicitarios se expresen en castellano ni
que se traduzcan las voces extranjeras que no sean marcas o de uso universal
(decreto 1005, art. 4).
Estas modificaciones operadas a la ley de 1980 durante los 90 funcionan
como un indicador de la modificación del papel del Estado como instancia
reguladora en el contexto de globalización. Al mismo tiempo, se puede observar
que la obligatoriedad del uso del castellano sancionada hasta ese momento cobra
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