Escritos diversos - Banco de Reservas

Escritos diversos Emiliano Tejera
causando en una de ellas la muerte de un joven, el señor Barón león. más de veinte y cinco personas
fueron heridas o muertas por el brutal e inesperado ataque, y las desgracias hubieran sido incontables,
si unos pocos del pueblo, que estaban armados con revólveres, al defender su vida, no dispersaran
gran parte de los guardias que disparaban. El pequeño respiro que esto produjo permitió al pueblo
desarmado entrar en las casas vecinas, y cuando llegó un refuerzo crecido de guardias disparando a
quienquiera que veían, ya no había en la calle sino contadas personas y las muertes y los heridos que no
podían caminar. Para ser justos debe decirse que muchos de los que estaban inmediatos a los guardias
aseguran que el jefe de zona y otro oficial hicieron grandes esfuerzos para impedir que se disparase;
pero que al escaparse un tiro de la carabina de un guardia, que trataba de darle con la culata a uno del
pueblo, un oficial dio la orden de fuego y las balas acribillaron la multitud indefensa.
Es de suponerse que el oficial que ordenó hacer fuego debía tener órdenes superiores para hacerlo.
la voz pública asegura que esa orden partió del Secretario de Estado de lo interior, y aun se dice que
el de Hacienda había dicho con jactancia que las manifestaciones populares se acabarían cuando se
les hiciese fuego y se mataran cuatro o cinco personas. ¡y cayeron ocho o diez!
En reuniones de esa clase el deber de los encargados de mantener el orden es anotar las faltas
que se cometan y someter después a la justicia a sus autores. Querer dar culatazos o machetazos; querer
reducir a prisión a quien haga algo o diga algo que no sea del agrado del gobierno, es provocar el
desorden; porque en una multitud excitada, en la que hay personas de todas condiciones, el golpear
o el prender a un individuo del grupo es iniciar a este a que se defienda o a que falte al respeto a la
autoridad. Solo en caso de un crimen cometido a su vista es que pueden los encargados de mantener
el orden reducir a prisión al culpable. En los demás casos no puede hacerse eso, sino con el propósito
deliberado de provocar el desorden y llevar a cabo planes siniestros.
El pretexto que se ha tomado para causar las desgracias habidas, es el decir que los oradores populares
hablaban mal del Presidente interino de la República y de algunos de sus Secretarios de Estado,
y que por ello debían ser sometidos a la justicia. Pero que los oradores dijesen que el Presidente de
la República no debe ser elegido Presidente definitivo, porque ha demostrado su incapacidad para
gobernar bien, provocando una guerra civil sangrienta por servir intereses particulares; que el actual
Secretario de Estado de lo interior, cuando lo era de Relaciones Exteriores, arrojó en el fango la dignidad
de la República y la de la Secretaría a su cargo, yendo a nueva york, por un puñado de oro, y siendo
ministro, a firmar en la oficina de un banco americano bonos de un empréstito inconstitucional; que
el mismo Secretario de Estado, que en la capital es tan enérgico y autoritario con pobres empleados
e individuos del pueblo, no tiene poder ninguno en el cibao ni en el Sur, y sufre pacientemente que
los que allí gobiernan realmente, le cambien gobernadores de provincias, directores de ferrocarril, etc.,
etc.; que es una grave falta de dicho Secretario de Estado proteger y querer que triunfe a todo trance,
una candidatura municipal y otra candidatura del Gobierno para miembros de la constituyente,
malgastando el dinero de la nación en el establecimiento de comités; haciendo que empleados dignos
renuncien sus puestos, por no sufrir imposiciones, y amenazando y haciendo que amenacen en las
otras oficinas en que tiene influjo, con la sustitución a los empleados que no voten por la candidatura
que protege el Gobierno; que el Secretario de Hacienda sea también culpable por facilitar fondos de
la nación para corromper los ciudadanos y falsear la elección; todo esto, y algo más que hayan dicho,
puede ser o no ser verdad; pero no es una ofensa para el Presidente de la República y sus Secretarios
de Estado; pues si lo era cuando se publicó el código Penal, y tiene este, artículos que lo penan, esos
artículos quedaron abrogados por el inciso 16 del artículo 6º de la constitución vigente, que dice: que
es una facultad o sea un derecho, de los habitantes de la República, no de los dominicanos solamente,
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