Escritos diversos - Banco de Reservas

Escritos diversos Emiliano Tejera
poblarlo, no toda la nación dominicana, sino cualquiera de las compañías que tienen grandes fincas
en la República. luego ese territorio no es al que se refiere el Artículo 9º del Tratado de arbitraje.
y que es solo un error, una explicación inexacta la contenida en la segunda parte de la interpretación
del preámbulo, y no un propósito del Soberano de variar dicha interpretación, lo manifiesta un
artículo (el 2º) de las instrucciones que, en 12 de marzo de este año, dio a la comisión que suscribe
el mismo ministro que firmó el Tratado de arbitraje de 3 de julio de 1895 y que antes había suscrito
la declaración del 2 de marzo del mismo año, en la que explicaba cuál era la interpretación que el
Soberano dominicano daba al Artículo 4º del Tratado de 1874.
Dice así dicho artículo: “Para alcanzarle cabal cumplimiento a esa parte primordial de la función
representativa que se encomienda a los Agentes especiales (la de atender a ilustrar el juicio arbitral
encomendado al Beatísimo Padre león Xiii con motivo de las dos distintas y opuestas interpretaciones
del Artículo 4º), estos expondrán todos los hechos, todos los antecedentes históricos y todos los
alegatos que sean pertinentes al fin de ameritar, defender y justificar la interpretación dominicana, según
y conforme ha sido esta formulada y sostenida por el Gobierno de la República, desde el año 1883, en que se
nota, por primera vez, la diversidad de apreciación que desde entonces, sustentan ambos Gobiernos, pudiendo y
debiendo los Agentes especiales ampliar la defensa, en su parte expositiva, tanto cuanto sea posible,
y tanto como ello convenga al alto espíritu de justicia con que la República Dominicana ha afirmado
y confirmado invariablemente la extensión de sus derechos, en punto a jurisdicción territorial, y sin
dejar de utilizar igualmente, en los medios ampliativos de la defensa, los elementos de convicción
que de sí ha de arrojar el estudio particular de la historia, de las leyes y de las instituciones patrias; ni
prescindir de adaptar el examen del punto en litigio, el universal criterio jurídico que sirve dentro del
orden legal para regir las relaciones de los pueblos civilizados”.
¿Está o no claro que el Gobierno dominicano tiene aún por interpretación del Artículo 4º, la que
ha sostenido siempre, la de 1883, y que por posesiones o territorios de uno y otro país no entiende
sino los territorios que en derecho pertenezcan a cada pueblo, es decir los de Aranjuez, y no los de la
arbitraria línea de hecho de 1856?
no en vano el buen sentido de los miembros de la comisión haitiana se revelaba contra esa
pretendida interpretación dominicana y le buscaba fundamento. no podían hallárselo. Estaban en la
misma situación de los que pretendían encontrar la piedra filosofal o la cuadratura del círculo: buscaban
un imposible. Santo Domingo ha pretendido siempre su línea de Aranjuez; nunca la de 1856;
y lo extraordinario es que la comisión haitiana haya encontrado que lo contenido en la supuesta
interpretación dominicana haya sido: “dicho, redicho, repetido tanto en los documentos oficiales
como en la prensa y además de todo reproducido en la convención de arbitraje”. (memoria, pág. 44).
la comisión que suscribe confiesa su ignorancia en este punto y no se atrevería a decir al Augusto
Árbitro una cosa que creyera falsa. jamás ha visto un solo escrito dominicano reclamando esa línea
de 1856 como línea definitiva, y de algo que se asemeje a esto, manifestado por dominicanos, solo
tiene conocimiento de la opinión sin valor legal del congreso de 1883 y de lo dicho erradamente en
el preámbulo del Tratado de arbitraje; e impreso, solo lo primero, porque el Tratado de arbitraje no le
consta que haya sido publicado nunca en Santo Domingo; y si lo ha sido deberá ser en estos últimos
meses. la comisión haitiana padece alguna confusión en este particular: lo que sí ha visto ella dicho,
redicho, repetido tanto en los documentos oficiales como en la prensa y además reproducido en la
memoria dominicana, y aún en el Tratado de arbitraje, si se entiende bien, es la afirmación de que la
línea reclamada por Santo Domingo es la línea de derecho, la de Aranjuez; la que le corresponde por
la cesión que le hizo España en 1855.
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