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I I. PRO BL E M A G E N ER A L 3 6 1
No obstante, se impone una observación: si la supermtructura
jurídico-política está en relación con su funi'ión
ideológica, esto no significa por eso que se reduzca
it lo ideológico. En suma, el Estado “representa” la
iiuidad política del pueblo nación y, sin embargo, se
refleja en todo un marco institucional real que tiende
ti funcionar efectivam ente, según la situación concreta
ilc las fuerzas enfrentadas, en el sentido de una unidad
propia del poder de Estado y de una autonomía relativa
respecto de las clases dominantes. Si es muy cierto
que no puede sobreestimarse ese marco institucional y
que es preciso tener siempre en cuenta lo que oculta,
no se puede, por otro lado, olvidar la eficacia específica
que presenta, conjugado con la función ideológica
«le legitimidad del Estado, respecto de su unidad propia
y de su autonomía relativa.
Se supone que ese Estado representa el interés general,
la voluntad general y la unidad política del pueblo y
de la nación. Nos hallamos en presencia de las características
de la representatividad, del interés general, de
la opinión pública, del sufragio universal, de las libertades
públicas, en suma, en presencia del conjunto normativo
institucional de la dem ocracia política. Por lo
tanto, para examinar el problema de la unidad del
listado, me referiré, más particularmente, al concepto
de soberanía popular y a la formación del concepto de
pueblo.
Ese concepto de soberanía popular, que recubre al
Estado capitalista, se enlaza, en la teoría política, con
el problema de la unidad propia del poder político institucionalizado.
El concepto de soberanía, forjado ya
a propósito del Estado absolutista, indicaba, todavía
bastante confusamente, la estructura unitaria del poder
político autonomizado respecto de lo económico. En el
sentido de soberanía popular, designa, como fuente de
legitimidad del Estado, un conjunto de ciudadanos,
de individuos formal y abstractamente libres e iguales
erigidos en personas políticas. Ese conjunto es concebido