xx - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

lB REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA
desarrollo desean hacer toda clase de sacrificios.
El cuidado de estos intereses, la vigilancia
para que no se pierdan, el esmero para que
progresen, es natural confiarlo á los mismos
hijos de esa provincia á quienes tanto importa
que ese progreso y desarrollo se realicen. Hé
aqu í el orígen y la mision de las diputaciones
provinciales. Podriamos llamar á estos cuerpos
los administradores y tutores de los pueblos y
los auxiliadores del gobierno, pues como administradores
entienden de los intereses materiales
y morales de la provincia, como tutores
de los pueblos vigilan los magistrados municipales,
y como auxiliares del gobierno entienden
de los negocios que este mismo 6 los legisladores
tienen á bien encomendarles. No trataremos
aqu í de nuevo la cuestion ya resuelta
de la independencia 6 dependencia de estas
corporaciones. Nuestra opinion, acorde con
los buenos principios, es que estos cuerpos
populares no deben mezclarse para nada en la
poi ítica, porque este no es su instituto, ni el
objeto de su misiono Las diputaciones deberán
ocuparse de los intereses materiales de su pa ís,
pero no mezclarse ni intervenir en las grandes
cuestiones políticas y administrativas del Estado,
ni querer dirigir desde el rincon oscuro
de una provincia la marcha del gobierno y de
los legisladores. No reduciremos nosotros estos
cuerpos á la nulidad, como algunos pretenden,
ni menos aspiramos á un gobierno federal,
como quieren otros. El mismo camino que
seguiremos al tratar de los ayuntamientos, seguimos
al ocuparnos de las diputaciones. Ni
exageracion en un sentido, ni exageracion en
otro; cuidando de no confundir dos cosas
esencialmente distintas, los intereses y las
afecciones que son puramente provinciales y
los que la administracion puede tener en una
provincia particular. Todo lo que se roza con
la administracion general del país y está en la-
zado con la unidad nacional no puede corresponder
á una provincia. Si los ayuntamientos
son considerados en la legislacion civi1, y por
tanto en la administracion, como menores
que tienen la disposicion de sus bienes, pero
con ciertas trabas, y como tales hay que darles
la facultad de nombrar su curador, natural es
revestir de este carácter á las diputaciones provinciales,
verdaderas tutoras de sus respectivas
provincias. El gobierno debe buscar en las
diputaciones ciertos conocimientos de localidad
que él no puede tener; el legislador debe
buscar en ellas ciertas garantías que no puede
encontrar en los funcionarios públicos. Por
esto suelen confiarles las leyes la facultad de
conocer en todo lo relativo á las elecciones, la
de fallar en los agravios que se ocasionan, en
los juicios de exenciones, la de repartir las
contribuciones entre los pueblos y partidos
de su provincia. Todas estas facultades necesitan
una cortapisa para evitar que no se llegue
al abuso, y esta no puede ser otra que la facultad
de suspenderlas y disolver las que concedemos
al gobierno. Si es para este una garantía
el disolver los ayuntamientos, mucho mas lo
será la de disolver las diputaciones, pues por
lo mismo que es mas alta su esfera, cualquier
resistencia que opusieran al poder central seria
mas peligrosa y pondria á la nacion al borde
del precipicio.
Al tratar de la organizacion .de las diputaciones
provinciales surge lacuestion de si deben
los gobernadores tomar parte en sus deliberaciones
con voz y voto. En nuestros principios
y segun comprendemos el sistema de administracion,
la autoridad política debe asistir y
tener voto en las resoluciones de la diputacion
y debe además presidirlas, porque le corresponde
de derecho, y porque como persona
enterada con profundidad de los negocios de