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cuando se excedan de sus atribuciones, sin
lastimar el honor y la reputacion de las personas
que estén al frente de ellas.
Pasemos al exámen de las atribuciones que
deben concederse á la municipalidad para la
direccion de los intereses locales.
Ya hemos demostrado que las municipalidades
de hoy no son ni pueden ser lo que fueron
en la época de las cartas pueblas y de los
fueros. Para garantizar la libertad individual,
para asegurar la propiedad de las personas tenemos
una constitucion. Para el castigo de los
criminales y el deslinde de los derechos civiles
de los ciudadanos tenemos leyes civiles y criminales.
Para defender el país, así de los enemigos
exteriores como de los interiores tenemos
un ejército permanente. Es pues claro
que las municipalidades no tienen que mezclarse
en ninguna de estas cuestiones. Esto nos
lleva fácilmente á conocer á lo que deben reducirse
las atribuciones de los ayuntamientos.
Considerando la esfera en que obran, advertimos
en ellos dos caractéres distintos. Un
ayuntamiento puede considerarse como una
division administrativa enlazada con todas las
demás, ó como el representante de los intereses
de la localidad. Como división administrativa
el ayuntamiento no es mas que una rama
del poder ejecutivo, un medio de ejecucion y
de instruccion de que el gobierno puede disponer.
Pero considerado como representante
de la localidad, administrando sus intereses
comunes, el ayuntamiento es ya otra cosa muy
distinta, y de la posesion de estos bienes comunes
y de la gestion de aquellos intereses y
derechos nacen las atribuciones municipales.
Estas atribuciones son de dos clases: unas están
enlazadas con el derecho público; las otras
hacen del ayuntamiento una persona particu-
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lar con intereses y derechos civiles. Las primeras
las ejercen cuando publican bandos y
ordenanzas y leyes locales que obligan á los
individuos de aquel distrito; las segundas
cuando obrando como persona civil con derechos
propios, venden, dan á censo, arriendan
y procuran mejoras locales de cualquier género
que sean. Para evitar los abusos que pueden
nacer en el ejercicio de estas atribuciones y
para dar cierto carácter de uniformidad á los
proyectos y mejoras de los ayuntamientos, es
necesario que haya una autoridad superior
que vigile sobre ellos y los contenga dentro de
sus límites. La dificultad está en tirar la línea
que marque distintamente cuáles son las atribuciones
en que debe tener intervencion el
poder central y cuáles no. Aqu í tambien hay
dos escuelas diametralmente opuestas que dan
á esta cuestion soluciones diferentes. Una sostiene
que siendo el poder central el tutor de
los pueblos y el defensor de la sociedad, le corresponde
la facultad de examinar los fallos y
resoluciones de los ayuntamientos para aprobarlas,
modificarlas Ó reprobarlas segun crea
conveniente. La otra escuela dice: "Los ayuntamientos
son un cuerpo como otro cualquinra,
y toda sociedad debe tener el libre arbitrio
para disponer de sus bienes, venderlos y destinarlos
á los usos que crea convenientes; ¿porqué
pues, siendo el ayuntamiento una sociedad,
no se le ha de dejar que obre libremente
dentro de su esfera? Ni una ni otra opinion es
aceptable para nosotros, porque una y otra
son demasiado absolutas. Nosotros creemos
que para establecer una limitaciorí verdadera
entre las atribuciones que son propias de los
ayuntamientos como representantes de los intereses
populares y las propias de los ayuntamientos
bajo la vigilancia del poder central,
hay que atender á los principios anteriormente
consignados. Unas se rozan con el derecho