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los ladrones y malhechores, otras contra los
gitanos, los vagos y los desertores, y otras por
fin contra las asonadas y los motines. Las leyes
encomiendan á las justicias de los pueblos
bajo su mas estrecha responsabilidad la persecucion
de los ladrones y malhechores. Respecto
á los gitanos, gente por lo general de mal
vivir que se sostiene del fraude que ejercen en
las ferias y mercados con la compra y venta de
caballerías, no rige ya la ley severa de Carlos
111, y las autoridades deben limitarse á vigilar
su conducta para evitar los fraudes tan frecuentes
en gente de esta clase, pero no deberán
pasar mas adelante dejando libre su accion
á los tribunales ordinarios.
Los vagos, que segun la ley de Carlos 111
son todos los que viven ociosos ó que andan
mal entretenidos en juegos y tabernas, sin
conocérseles aplicacion alguna, imponen á la
administracion inmensos deberes, si bien muy
difíciles de cumplir, pues se trata de personas
á quienes no se puede imputar ningun delito,
pero que están en la carrera de ellos y al borde
de un abismo. La administracion tiene pues el
deber de atender á estos desgraciados, y segun
su clase, recogerlos, educarlos y darles trabajo
para que de hombres perdidos se conviertan
en ciudadanos útiles.
Vengamos al punto mas importante, que es
el relativo á motines y asonadas. Respecto de
las reuniones de gente que no toman un carácter
de agresion, pero que al mismo tiempo se
hacen sospechosas á las autoridades, no hay
disposición alguna en nuestras leyes, pero sí
respecto de los motines y asonadas y de las
personas que levantan una bandera cualquiera
contra el régimen poi ítico establecido. La Novísima
Recopilacion contiene leyes sobre esta
materia, pero la mas importante es la ley mar-
REVISTA OE AOMINISTRACION PUBLICA
cial dada en tiempo de Carlos 111, ley que demuestra,
al mismo tiempo que la justicia y las
buenas máximas de administracion que se reconocian
en aquel tiempo, la fuerza de aquel
gobierno y la seguridad con que mandaba. La
primera declaracion que hace esta leyes que
todas las personas que sean aprehendidas y
que deban ser castigadas con motivo de bullicios
y conmociones populares, sean sometidas
á la jurisdiccion ordinaria. Inmediatamente
que la autoridad sabe que hay bullicio ó resistencia
popular, debe segun esta ley fijar un
bando, previniendo que todas las personas que
promueven el bullicio se retiren á sus casas bajo
la pena de ser castigadas severamente con
arreglo á la ley; debe prohibir toda reunion
que pase de diez personas, disponer que la
fuerza pública se reuna en sus cuarteles, mandar
cerrar las iglesias para que los amotinados
no puedan apoderarse de las campanas y tocar
á rebato, y debe por último ponerse de acuerdo
con todas las demás autoridades que haya
en el pueblo, á fin de que todas las ayuden á
contener las consecuencias del motin que se
prepara. Cuando todas estas precauciones no
bastan y el motin estalla, en ese caso la autoridad
debe proceder á aprehender á los amotinados,
y si estos se resisten, "se usará contra
ellos de la fuerza hasta reducirlos á la obediencia
de los magistrados, que nunca podrán consentir
quede agraviada la autoridad y respeto
que todos deben á la justicia."
Previene además esta ley que los cogidos en
estos motines y asonadas sean juzgados y sentenciados
con arreglo á las fórmulas comunes,
pero al mismo tiempo consigna de una manera
que hace mucho honor á la dignidad y á la
energía del gobierno que la dictó que "mientras
estén con las armas en la mano, mientras
no se sometan á la autoridad, no se admita