xx - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

F. DE PAULA MADRAZO MANUAL DE ADMINISTRACIDN (11) 35
ninguna clase de transaccion: nunca la autoridad
debe entrar en parlamento con los amotinados,
nunca debe oir á sus representantes,
nunca debe tomar nadie el encargo de ir á mediar
por las personas que están con las armas
en la mano mientras no se sometan." Esta ley
sin embargo, como dada en los felices tiempos
en que no se conocian las conspiraciones con
tendencias poi íticas, nada dice de los movimientos
que tienen este carácter. Tampoco
llena este vacío la ley de 17 de abril de 1821,
restablecida en 1836.
Surge aqu í la cuestion muy agitada entre
nosotros de los estados de sitio, primera medida
á que apelan los gobiernos de algunos
años á esta parte, cuando se perturba el órden
público. Las circunstancias en que se encuentre
el pa ís pueden ser tan graves y tan difíci les
que las leyes ordinarias no sean suficientes.
Tal es el caso cuando las autoridades de una
provincia encargadas de conservar el órden
son las primeras en insurreccionarse; pero en
teoría, en regla general tenemos un principio,
y es que el estado de sitio, cuando por él se
entiende la bárbara creacion de una autoridad
que dispone libremente de vidas y haciendas,
es inútil, casi siempre perjudicial y en todos
los casos contrario á la letra de la Constitucion.
Podrán ser tales las circunstancias de graves
y difíciles, que el gobierno se vea en la necesidad
de pasar por todo y cargar sobre sus
hombros la inmensa responsabilidad que pesa
sobre el que infringe la Constitucion del país;
en este caso las Cortes serán el juez de la
mayor ó menor necesidad, y en virtud de esa
omnipotencia parlamentaria que es necesario
atribuirles, absolverán ó condenarán al gobierno.
Pero lo que es preciso de todo punto, es
que el gobierno y las Cortes tengan un límite
que no puedan traspasar. El gobierno no puede
hacer mas que reunir en una sola autoridad
las atribuciones que como gobierno le corresponden,
sin usurpar las que pertenecen á los
ayuntamientos ó diputaciones, ni menos las
que son propias de los tribunales. Podrá creer
que con esto no tiene bastante fuerza, pero la
ley le concede un recurso y es el de acudir á
las Cortes pidiendo la suspension de un artículo
de la Constitucion, pero cuenta que hasta el
poder de las Cortes mismas tiene un límite en
este· punto segun un artículo del Código fundamental.
Las Cortes solo pueden suspender
el artículo constitucional que dice; "que nadie
pueda ser preso ni detenido sino con arreglo
á las leyes vigentes"; pero las Cortes mismas
con el rey no tienen facultad para entregar
á una persona al juicio de tribunales cuya
creacion no sea anterior al delito cometido, ni
á leyes cuya sancion no sea tambien anterior.
El gobierno tiene que detenerse ante un artículo
de la Constitucion, y las Cortes no pueden
pasar de las facultades que les concede
otro. Así es que en los estados de sitio, cuando
se llevan á uno de los extremos que pueden
tener, se violan dos principios importantes,
garantía de todos los ciudadanos. El primero
es el de no poder ser detenido ni preso, sino
con arreglo á las leyes, y el segundo es el de
no poder ser juzgado sino por tribunales anteriores
al delito.
Para garantizar como es debido los derechos
de los ciudadanos y dar al gobierno todos los
medios que necesita para la conservacion del
órden y la defensa de la sociedad, hace tiempo
que se clama por la formacion de una ley de
órden público en la cual se deslinden las atribuciones
de las autoridades civiles y militares
durante esos tristes y agitados períodos por
que pasan tan frecuentemente las sociedades
modernas, y se fije el punto hasta donde en