xx - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

80 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA
que libre una batalla, dejándole completa libertad
de concebir el plan y de ejecutarlo, se
le impone una grande responsabilidad, supuesto
que se le deja una autoridad práctica enteramente
ilimitada; pero si se le ordenase que
diera una batalla, de acuerdo con los planes
concebidos por un consejo de guerra, y se le
impidiesen ó limitasen sus propias órdenes,
su responsabilidad deberia ser menor, porque,
si fuese derrotado podria justamente alegar
que el plan conforme al cual habia sido obligado
á batirse no era el mejor; en otros términos,
que la derrota no habia sido culpa suya, sino
del Consejo de guerra que habia impedido su
libertad de accion; y en este segundo caso, no
habria procurado esforzarse para conquistar
una gloria que no seria exclusivamente suya.
Uno de los más viciosos y funestos defectos
en un sistema de gobierno es, por lo tanto, no
definir clara y concretamente la responsabilidad.
Así, si el poder Ejecutivo se deposita en
dos o más personas, es seguro que resultarán
la confusion y corrupcion, porque entónces
es difícil fijar con precision la culpa por la
mala conducta en el gobierno, al funcionario
que se hiciese responsable de ella. Una junta
nombrada para ejercer el poder Ejecutivo, seria
tan ineficaz como corruptora; porque es más
difícil conseguir una decision pronta de varias
personas, que de una sola, y porque la
culpa de la ineficacia ó de la corrupcion no se
podria fijar justamente en una persona ó en
otra, y el pueblo se confundiria, no pudiendo
determinar exactamente al culpable.
Otro defecto igualmente vicioso, es el de
privar al Ejecutivo del nombramiento libre de
sus empleados subalternos; porque no se le
podria imputar la responsabilidad de personas
que fuesen elegidas por otros,y estando priva-
do de lo que es esencial á toda autoridad, no
tendria aquel vivo interes en el manejo de los
negocios que está obligado á sentir, cuando
los ojos del pueblo se hallan fijos en él, como
la sola persona responsable de la buena administracion
pública.
Por lo tanto, en un gobierno libre bien
organizado, el Ejecutivo, siendo elegido por
tiempo determinado, y teniendo deberes y
facultades claramente definidas y limitadas,
debe disfrutar de la facultad de nombrar y
remover libremente á sus empleados. En este
caso puede justamente imputársele toda responsabilidad
en el manejo de los negocios.
Segun nuestra Constitucion, el Ejecutivo
tiene la facultad de nombrar y remover libremente
á los Secretarios del Despacho y á los
demas empleados de la Union, cuyo nombramiento
ó remocion no estén determinados de
otro modo; la de remover á los agentes diplomáticos
y empleados superiores de Hacienda;
pero los nombramientos de ministros, agentes
diplomáticos, cónsules, generales, coroneles y
demas oficiales superiores del Ejército y Armada
nacional y de los empleados superiores
de Hacienda, aunque hechos por el Ejecutivo,
deben ser ratificados por el Senado. Estas pocas
limitaciones se fundan en que la mayor
parte de los empleados, cuyo nombramiento
necesita la ratificacion del Senado, son altos
funcionarios de la Federacion y no meros
agentes del poder Ejecutivo; y en cuanto á los
coroneles y demas jefes superiores del Ejército
y Armada, nuestra Constitucion no ha querido
establecer el favoritismo ni dar influencia al
régimen militar, confiando exclusivamente al
Presidente de la República la peligrosa facultad
de hacer instrumentos suyos á los jefes de
cuerpos y de buques de guerra.