Versión completa - Fundación Alternativas

Andalucía 11
Andalucía
Periodista: Ignacio Wilhelmi Ferrer
Estudio general
sobre presuntas
irregularidades
urbanísticas en la
Comunidad Autónoma a
partir del año 2000.
La historia de la corrupción urbanística en Andalucía y,
probablemente, en todo el país, pasa por la trayectoria
de Jesús Gil en la alcaldía de Marbella, a la que accedió
en 1991. Fue Gil, con un partido creado al más puro estilo
populista, el Grupo Independiente Liberal (GIL), quien
creó un nuevo modelo de urbanismo y demostró el atraso
normativo en el que se encontraban las administraciones,
así como la falta de preparación de la Justicia para dar respuesta
a un tipo de ilegalidades que hasta el momento no
tenían especial relevancia en esta Comunidad Autónoma.
Gil era empresario de la construcción y en ningún momento
negó tener negocios en Marbella. El municipio se gestionaba
bajo un planeamiento urbanístico de 1986, en el que el
desarrollo que vivió durante los años noventa y principios
del año 2000 no tenía cabida. No obstante, su alcalde implantó
un modelo en el que el planeamiento urbanístico y
las competencias de la Administración autonómica se supeditaban
al interés del municipio.
Creó 32 empresas municipales en las que los funcionarios
se contrataban, en su mayoría, por libre designación, lo que
provocó que una gran cantidad de vecinos de Marbella tuvieran
un trabajo estable en el Ayuntamiento. Con Gil, llegó
al Consistorio marbellí su asesor urbanístico, Juan Antonio
Roca, por el que pasaban todas las operaciones urbanísticas
del municipio, según se desprende de la investigación que 15
años más tarde finalizó con la disolución del Ayuntamiento
de Marbella.
En este municipio se creó una especie de agencia del suelo
a disposición de empresarios y promotores que estuvieran
dispuestos a pagar por las licencias que expedía el Ayuntamiento.
Zonas verdes, públicas, suelo rústico o comercial…
El Ayuntamiento, a veces presentando el caso al Pleno o
simplemente sin hacerlo, otorgaba licencias ‘al mejor postor’,
mientras que la Junta de Andalucía paralizaba obras
cuya orden no se cumplía o presentaba recursos en los juzgados
que tardaban más en investigarse de lo que duraba la
construcción de los edificios. La normativa urbanística de
1986 no era óbice para entregar licencias de construcción
y la que aprobó el Consistorio en 1994 fue anulada por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.