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Sin embargo, no es hasta el 15 de junio de 2005 cuando el
pleno municipal, con los votos a favor del PP y Unión Valenciana
y en contra del otro socio de gobierno y de la oposición,
aprueba el proyecto. Esta decisión es ratificada en
noviembre de ese mismo año por la Comisión de Urbanismo
de la Generalitat, con la oposición del gobierno central,
que alega que las carreteras no podrán absorber el tráfico
previsto y que el proyecto no acredita recursos hídricos suficientes.
La Generalitat asegura que no dará licencias de
ocupación hasta que esos problemas no estén solucionados,
pero el Ejecutivo duda de esta declaración y recurre el PAI
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV). Considera que el proyecto no garantiza
el abastecimiento de agua y provocará daños en la cuenca
del Júcar.
En abril de 2006, el TSJ rechaza la suspensión cautelar del
PAI y en octubre el Ayuntamiento aprueba las modificaciones
que cierran la tramitación del programa, con dos informes
contrarios del Gobierno central.
Un mes después, el PSPV aboga por pactar un Manhattan
reducido sin torres elevadas, que cumpla los parámetros
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que garantice
agua suficiente y conexiones viarias adecuadas.
que no se conoce. Asimismo, aseguran que la edificabilidad
concedida en el solar donde se encuentra el Mestalla es superior
a la que marca el Plan General para ese ámbito.
Los socialistas han presentado una querella en los tribunales
contra este convenio, aunque los jueces todavía no se
han pronunciado al respecto.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Valencia coincide con los partidos de la oposición para
rechazar el acuerdo. Algunos vecinos, incluso, han constituido
una plataforma en contra de que el nuevo estadio se
ubique en su barrio por los problemas de tráfico que generará,
y defienden la construcción de un polideportivo para
el barrio en ese espacio.
Además, los antiguos propietarios de los terrenos donde se
ubicará el campo estudian la posibilidad de pedir una indemnización
al Ayuntamiento, ya que esas parcelas les fueron
expropiadas para destinarlas a suelo público y ahora
cambia su calificación para ser suelo deportivo privado.
Caso RENFE
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Caso Mestalla
El caso afecta a la ciudad de Valencia, gobernada por el PP
con mayoría absoluta. El PSOE e Izquierda Unida se encuentran
en la oposición.
El Ayuntamiento está interesado en disponer de un estadio
que permita albergar grandes acontecimientos y comienza
a negociar con los dos equipos de fútbol de la ciudad, Valencia
C.F. y Levante U.D., la construcción de esa infraestructura,
que podrían compartir ambos. El Levante decide
abandonar el proyecto, por lo que al final son el Ayuntamiento
y el Valencia C.F. quienes acuerdan el traslado de
actual estadio, conocido como Mestalla y que en la actualidad
se encuentra ubicado en medio de la ciudad. El acuerdo
alcanzado entre ambos tiene con dos partes.
Por un lado, el Ayuntamiento cede al club un terreno municipal
de 89.000 metros cuadrados, donde se construirá el
nuevo estadio, a cambio de unas parcelas todavía por determinar.
Por otra parte, el consistorio recalifica el terreno que
ocupa el actual campo de fútbol, que es propiedad del club,
como suelo urbanizable.
Los grupos de la oposición han denunciado en muchas
ocasiones que la operación favorece al club y perjudica a la
ciudad, porque se cede un suelo público a cambio de algo
Afecta a la ciudad de Castellón, gobernada por el PP con
mayoría absoluta.
En febrero de 2001, el pleno del Ayuntamiento de Castellón
aprueba un cambio de planeamiento para urbanizar los
más de 82.000 metros cuadrados de suelo que ocupan la
antigua estación de RENFE y las vías férreas, en desuso tras
el soterramiento de las vías del tren.
Las negociaciones comenzaron en 1994, pero las discrepancias
sobre la valoración del suelo obligaron a negociar un
nuevo convenio, mediante el cual RENFE cedía parte del
mismo, pero con unas condiciones sobre la urbanización
y la edificabilidad de la parte que queda en manos de esta
entidad pública (16.000 metros cuadrados). La parcela restante
queda en manos del Ayuntamiento, que prevé la venta
de un gran solar para la construcción de un centro de El
Corte Inglés.
Más de un centenar de comerciantes se unen y presentan
un proyecto para construir una galería comercial junto a los
grandes almacenes, pero el Ayuntamiento adjudica la parcela
a la empresa Cavilga, del grupo Lubasa, a pesar de que
el proyecto era más caro.
Comerciantes y vecinos afectados presentan un recurso
ante el Tribunal Superior de
Justicia. El de los comerciantes fue desestimado en noviembre
de 2004.