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Mapa por comunidades autónomas
algún provecho a costa de la construcción. En estos casos
las “infamias” urbanísticas se llevan a cabo bajo el régimen
de desarrollo rural, algo que muchos ponen en tela de juicio
al considerar que la construcción de urbanizaciones que
puede multiplicar por 10 la población originaria de la localidad,
no significa conseguir el desarrollo deseable para ningún
área rural. Otro de los mayores inconvenientes es que,
a menudo, el desarrollo urbanístico no viene acompañado
del desarrollo de las infraestructuras, por lo que, una vez
terminada la urbanización en cuestión, los problemas de
abastecimiento de agua o recogida de basuras se sucedan,
algo que no suele gustar ni a los nuevos ni a los antiguos
inquilinos.
Por otro lado, cabe preguntarse si el hecho de que la inmensa
mayoría de estas nuevas viviendas se adquieran y
usen como segundas residencias es un síntoma claro de desarrollo
o más bien de aprovechamiento rural. Muchos defienden
que la verdadera riqueza de los pueblos la aportan
quienes viven allí durante todo el año, quienes consumen
en sus tiendas y utilizan su colegio, y no quienes disfrutan
sólo del ambiente rural durante el verano o los fines de semana.
Sin embargo, esta tendencia de turistas rurales de
domingo parece extenderse cada vez más entre los miembros
de las grandes ciudades, que, el mismo viernes, huyen
de la urbe en busca de un mínimo de tranquilidad. Así se
explica el desdoblamiento de la M-501, que facilita considerablemente
la conexión de Madrid con Castilla y León,
especialmente con Ávila, lo que convierte a esta provincia
en nido de multitud de proyectos urbanísticos que avalan y
promueven estas actitudes.
y ayuntamientos de la comunidad. Aun así es cierto que la
administración regional ha recibido numerosas críticas por
su actuación en materia urbanística, acusada muchas veces
de “seguir el juego” a las constructoras.
Sí está claro que esta es una tendencia que se está generalizando
peligrosamente con el paso del tiempo y que no ha
dejado de afectar a ningún partido. Por tanto, se trata de
una cuestión de personas, y no de grupos parlamentarios.
También es incuestionable que la corrupción urbanística
está afectando a las bases del sistema democrático. En algunos
municipios, determinadas constructoras tienen más
poder político que el propio alcalde. La presión de muchas
de estas empresas marca no sólo la actuación de los políticos,
a los que a menudo vemos empeñados en obras inexplicables
que nadie ha pedido y que ningún vecino parecía
reclamar, sino la aplicación y la modificación de las leyes,
como ya se ha explicado. Nos encontramos, por tanto, ante
un poder desmedido que convierte a algunas promotoras
en verdaderos caciques de muchos municipios, donde el
suelo parece ser siempre de su propiedad sin traba ninguna
y en los que el poder político demuestra estar, en numerosas
ocasiones, a su servicio.
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También es interesante reflexionar acerca de por qué parece
haber surgido un repentino y generalizado interés por el
golf en una comunidad en la que nunca ha existido afición a
este deporte, y donde la mayoría de la población no parece
entrar dentro de los grupos que lo practican habitualmente.
La única razón parece ser que la proximidad de uno de estos
campos a una urbanización la convierte de manera casi
inmediata en urbanización de lujo, aumentando considerablemente
el precio de las viviendas.
El patrimonio y su debida conservación suscitan también
no pocos problemas, y es frecuente observar casos de vecinos
o de organizaciones políticas o sociales que se oponen
a determinadas construcciones por el peligro que suponen
para el patrimonio cultural de la ciudad, o contra edificaciones
que no siguen la tradición urbanística del entorno.
En cuanto al aspecto político de la corrupción urbanística,
sería inútil realizar estadísticas sobre qué partido ha metido
más la mano en la saca, porque, aunque es cierto que en la
mayoría de los casos de corrupción detectados en Castilla
y León están involucrados miembros del Partido Popular,
hay que señalar que este es el partido que gobierna tanto
en la Junta como en prácticamente todas las diputaciones