Versión completa - Fundación Alternativas

Comunidad Valenciana 161
Estudio de los
presuntos supuestos
de irregularidades
urbanísticas más
relevantes.
A continuación, se reseñan las noticias que se han considerado
más llamativas sobre presuntos supuestos de irregularidades
urbanísticas, sin prejuzgar sobre su verdadero
carácter y alcance. No se pretende denunciar a nadie,
sino simplemente llamar la atención sobre algunas de las
informaciones aparecidas en medios de comunicación. Se
incluyen también presuntas irregularidades que han sido
desestimadas por los tribunales, pero que, en su momento,
tuvieron repercusión pública.
Para la elaboración del resumen de cada supuesto, se han
tenido en cuenta los siguientes criterios:
a) Municipio y partido político que gobernaba cuando
acaecieron los hechos.
b) Breve descripción del asunto.
c) Descripción de la actuación municipal (no hicieron
nada, paralizaron la obra, ocultaron información,
etc...).
d) Descripción de la actuación autonómica.
e) Descripción de la actuación de las asociaciones y
vecinos (manifestaciones, denuncias, etc...).
f) Actuación de la administración de justicia (se iniciaron
procedimientos penales o contencioso-administrativos,
la Fiscalía intervino, etc...).
g) Si es que hubo una resolución administrativa o penal,
¿cuál fue? ¿Se ha ejecutado?
Caso del aeropuerto de Castellón
Afecta a la Diputación de Castellón, gobernada por el PP
con mayoría absoluta.
Aunque la construcción de un aeropuerto en Vilanova de
Alcolea (Castellón) viene de años atrás, es en octubre de
2002 cuando el PP, el PSPV y el Bloc de la Diputación
aprueban por unanimidad constituir, mediante un convenio
con la Generalitat, la sociedad mixta Aeropuerto de
Castellón (Aerocas) que asumirá la gestión y construcción
de la infraestructura. La Generalitat da el visto bueno a la
sociedad y el Ministerio de Fomento concede, en abril de
2003, la autorización para la construcción de la infraestructura
aeroportuaria. La obra se adjudica en octubre a una
UTE formada por Lubasa, PGP y FCC, y en enero de 2004
se coloca la primera piedra de lo que será el futuro aeropuerto
de Castellón.
Sin embargo, en mayo de ese mismo año, un grupo ecologista
pide al juez que paralice las obras por incumplirse la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA), ya que, según alegan,
no se ha realizado el paro obligatorio durante la nidificación
del aguilucho cenizo. Aunque el presidente de la Diputación,
Carlos Fabra, afirma que se está cumpliendo la normativa
ambiental, el juez decide parar las obras hasta septiembre y
llama a declarar a los responsables de las mismas.
En septiembre de 2004 se retoman las obras, pero los ecologistas,
a quienes se suma EU, insisten en paralizarlas por
considerar que incumplen la DIA y carecen de plan director
y proyecto constructivo. Además, en septiembre de 2005
denuncian que la obra ha afectado al monte de Santa Bárbara
y piden su restauración porque esa actuación no estaba
prevista.
El Ministerio de Fomento ordena la paralización de los trabajos,
aunque estos se retoman en marzo de 2006, después
de que el Ministerio no haya visto ningún tipo de ilegalidad
ambiental, aunque Aerocas lleva a Fomento a los tribunales
porque dice que la paralización del proyecto lo ha encarecido
en 18 millones. Finalmente retira el pleito.
Los ecologistas presentan un nuevo recurso y EU pide que se
paralice la actuación y se proteja el monte de Santa Bárbara.
En octubre de 2006, una jueza ordena parar parte de las
obras porque los trabajos en la zona del monte rebasan la
DIA, aunque al final autoriza la obra porque dice que el
daño producido en el monte es irreversible.
Caso Atrium Beach
Afecta a la localidad de la Vilajoiosa, en Alicante, gobernada
por el PP con mayoría absoluta.
La muerte de tres operarios en dos accidentes ocurridos
en septiembre de 2003, durante la construcción del hotel
Atrium Beach, pone de manifiesto la existencia de un informe
de la arquitecta del municipio que confirma graves irregularidades
en la obra, como que la edificabilidad construi-