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Madrid 287
que, según el PSOE, contó con una subvención de fondos
europeos concedida de forma irregular, pues él formaba
parte del organismo que dio la ayuda, de 16 millones de
pesetas, según la cadena Localia. El tema se discutió en la
Asamblea.
El País: 6 de marzo, 7 de marzo página 5, 23 de marzo
página 6 y 5 de abril página 4.
Caso chalés de San Lorenzo (1997)
La Fiscalía solicita 20 meses de cárcel e inhabilitación
para el alcalde de San Lorenzo, el popular José Luis
Fernández Quejo, y para cinco ediles, por una tala de
árboles injustificada y por recalificar una parcela a beneficio
de una empresa vinculada a uno de los ediles sin respetar
los trámites legales. El alcalde fue absuelto primero por la
Audiencia de Madrid y luego por el Supremo.
El País: 22 y 27 de mayo de 2000, 29 de julio de 2000
página 4, 13 enero de 2003 página 4.
El Mundo: 9 de noviembre de 2006, página 4.
Caso invernadero de Arganzuela (1997)
El Tribunal de Cuentas reabre el proceso contra el ex concejal
Villorta por presuntamente adjudicar irregularmente las
obras del invernadero de Arganzuela a la empresa Ginés
Navarro de Construcciones S.A., pues su oferta superaba en
77 millones a la de otra licitadora.
El Mundo: 16 de junio página 82.
Caso de la ludoteca de Las Rozas (1997)
La Fiscalía de Madrid pide seis meses de cárcel y 4.000 euros
de multa por presunto tráfico de influencias contra la edil
popular del PP Isabel Montero, a la que el fiscal imputa haber
adjudicado en 1997 una ludoteca a la firma Caracoles, de la que
es accionista una sobrina suya. El fiscal quiso llevar el caso a la
Audiencia Nacional, pero finalmente Montero fue a juicio en
la Audiencia de Madrid imputada por tráfico de influencias.
El País: 21 de junio de 2001 página 6 y 17 de noviembre
página 3.
Caso San Agustín de Guadalix (1997)
El PSOE acusa al alcalde del PP, Mariano Berzosa Cosa, de
comprar en 1997 un solar de 450 metros cuadrados en la
zona de Las Fuentes a la empresa Promotorauno por cuatro
millones, un precio muy barato para el PSOE. Después, el
PSOE asegura que el alcalde personó a esta empresa parte
de una parcela que dicha empresa debía al Ayuntamiento.
Los 7.525 metros cuadrados que medía el solar en virtud de
un convenio firmado en 1992 se convirtieron en 3.850 ocho
años después; el alcalde afirma que fue fruto de un error
de registro, pero el PSOE asegura que fue para devolver el
favor.
El País: 13 de marzo de 2003 página 5.
Caso adjudicaciones de Fuenlabrada (1998-2000)
Además de haber demandado al alcalde, el socialista José
Quintana, por una presunta incompatibilidad entre su cargo
de alcalde y diputado, los populares aseguraron que podría
haber habido un posible trato de favor a un empresario,
Rafael Plaza, al que el Ayuntamiento habría adjudicado el
50% de las obras entre 1998 y 2000.
El Mundo: 20 de febrero página 4, 21 de febrero página 5,
23 de febrero página 4 y 24 de febrero página 4.
Caso del teniente de alcalde de Aranjuez (1998)
El fiscal de Medio Ambiente investiga si el teniente de
alcalde de la localidad, el popular Miguel Ángel Gálvez,
otorgó una licencia de obras ilegal para hacer 32 casas a un
constructor en la zona de La Granja de los Faisanes, donde
el máximo permitido eran 16 viviendas. La denuncia fue
presentada por dos ediles del PSOE a finales de mayo. En
2004 el ex alcalde, Cepeda, es imputado por prevaricación
y delitos urbanísticos por el Juzgado número 2 de Aranjuez
por infringir la ley al autorizar una privatización de suelo
público para hacer la urbanización Granja de los Faisanes y
culpa a su hermano Javier, edil entonces de Urbanismo, de
modificar para ello el planeamiento. El juez aseguró que entre
1998 y 2001 hay facturas con muchas irregularidades.
El País: 5 de agosto de 2000 página 4, 14 noviembre de
2004 página 3.
Caso de los 18 chalés de San Lorenzo. San Lorenzo de
El Escorial (1998)
El fiscal Emilio Valerio se querella contra el alcalde, José Luis
Fernández Quejo, cuatro ediles y el arquitecto municipal,
Francisco Navarro, por presunto delito de prevaricación
al conceder licencia, contra las normas urbanísticas,
para hacer 18 viviendas donde la ley sólo permite ocho.
Según se recoge, la dueña originaria preguntó cuántas
casas se podían hacer y Navarro le dijo que ocho, pero la
constructora, Eseges, pudo levantar 18. El fiscal plantea
prevaricación continuada. El alcalde fue absuelto en 2005,
pero el arquitecto municipal fue condenado.
El País: 26 de febrero de 2001 página 4, 25 de mayo de
2005 página 4, 14 de junio de 2005.
Caso Rubio. Galapagar (1998)
El ex alcalde popular del pueblo, Fernando Rubio, el
teniente de alcalde, tres ediles y el arquitecto municipal se
enfrentan a una condena de hasta 14 años de inhabilitación
por prevaricación por supuestamente otorgar licencia de
obras a dos promociones de chalés contra la normativa
urbanística. Hubo dos irregularidades, y aunque contó con
el informe favorable del arquitecto municipal, la promoción
fue declarada ilegal por el TSJM y por el Supremo en
1989. Finalmente, Rubio y el teniente de alcalde fueron
condenados a ocho años de inhabilitación por delito
continuo de prevaricación. El entonces arquitecto municipal
fue condenado a tres años de prisión y 10 de inhabilitación
por prevaricación y falsedad en documento. De Pablo, uno
de los condenados, protagonizó, en 2002, una pequeña
polémica porque tardó en entregar su acta. El Supremo, en
2003, confirmó la condena.