Versión completa - Fundación Alternativas

Castilla - La Mancha 67
Estudio de los
presuntos supuestos
de irregularidades
urbanísticas más
relevantes.
A continuación, se reseñan las noticias que se han considerado
más llamativas sobre presuntos supuestos de irregularidades
urbanísticas, sin prejuzgar sobre su verdadero
carácter y alcance. No se pretende denunciar a nadie,
sino simplemente llamar la atención sobre algunas de las
informaciones aparecidas en medios de comunicación. Se
incluyen también presuntas irregularidades que han sido
desestimadas por los tribunales, pero que, en su momento,
tuvieron repercusión pública.
Para la elaboración del resumen de cada supuesto, se han
tenido en cuenta los siguientes criterios:
a) Municipio y partido político que gobernaba cuando
acaecieron los hechos.
b) Breve descripción del asunto.
c) Descripción de la actuación municipal (no hicieron
nada, paralizaron la obra, ocultaron información,
etc...).
d) Descripción de la actuación autonómica.
e) Descripción de la actuación de las asociaciones y
vecinos (manifestaciones, denuncias, etc...).
f) Actuación de la administración de justicia (se iniciaron
procedimientos penales o contencioso-administrativos,
la Fiscalía intervino, etc...).
g) Si es que hubo una resolución administrativa o penal,
¿cuál fue? ¿Se ha ejecutado?
Seseña
Macrourbanización de Paco, “El Pocero”
Residencial Francisco Hernando. Ese es el nombre de la
macrourbanización que hizo correr ríos de tinta durante
todo 2006. El caso salió a la luz en julio de ese año, cuando
el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), denunció ante
la Fiscalía Anticorrupción una supuesta trama de corrupción
en la que estarían implicados el constructor conocido
como Paco “El Pocero”, concejales del PP y el PSOE y varios
funcionarios municipales. El objetivo de esta operación supuestamente
fraudulenta era construir más de 13.500 viviendas
en un lugar con graves problemas de abastecimiento
de agua, pero que supondrían un beneficio neto para
Hernando superior a los 800 millones de euros.
Pocos día después de que se presentara la denuncia, la Fiscalía
Anticorrupción decidió abrir diligencias informativas
para aclarar las posibles irregularidades cometidas en la
tramitación del proyecto, que comenzó a gestarse cuando la
empresa de Francisco Hernando, ONDE 2000, presentó al
Ayuntamiento de Seseña, entonces gobernado por el PSOE,
un Programa de Actuación Urbanizadora para un paraje conocido
como El Quiñón, con la pretensión de urbanizar 1,8
millones de metros cuadrados de suelo rústico para construir
13.508 viviendas en bloques de hasta 10 alturas. La
recalificación de suelo fue aprobada el 8 de mayo de 2003,
en el último pleno antes de las elecciones, y para ello llegó
a última hora el visto bueno de la Consejería de Obras Públicas,
donde ese mismo día tuvo lugar una reunión entre el
consejero Alejandro Gil –actualmente de Vivienda y Urbanismo–,
el alcalde de Seseña y “El Pocero”.
IU reprochó al gobierno regional el trato de favor dispensado
a Francisco Hernando, a quien también eximieron de
construir VPO. Sin embargo, el consejero de Vivienda y Urbanismo
aseguró que no fue la Junta, sino el Ayuntamiento,
quien concedió las licencias. Gil recordó que su Consejería
informó positivamente del PAU porque contaba con el
visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo y el
Ministerio de Fomento. Aun así, diseñó un plan de etapas
para que no se construyeran más de 2.000 viviendas al año
y emitió un informe instando al Ayuntamiento a subsanar
ciertas deficiencias relacionadas con las infraestructuras. El
consejero criticó entonces al alcalde de Seseña por aprobar
5.100 viviendas en un plazo de tiempo inferior.
Fuentes, sin embargo, aseguró que lo hizo presa de las presiones
que recibió, ya que cuando IU ganó las elecciones
de 2003 se opuso al proyecto; sin embargo, al gobernar en
minoría (cinco concejales frente a los ocho de PP y PSOE)
no pudo paralizarlo y se vio obligado a conceder licencias
para evitar una moción de censura.
A lo largo de este proceso aún inconcluso, las reacciones
han provenido de todos los ámbitos, pero sobre todo del político.
Así, Izquierda Unida, a través de Gaspar Llamazares,
ha apoyado en todo momento al alcalde de Seseña e incluso
pidió a José Luis Rodríguez Zapatero que se pronunciara
sobre el caso. El Partido Popular, por su parte, abrió un expediente
de suspensión de militancia a sus cuatro concejales
en el Ayuntamiento de Seseña, dos de los cuales dimitieron.
El PP asumió entonces el compromiso de no aceptar en sus
filas a ninguna persona relacionada con casos de corrupción
urbanística, al tiempo que aprovechó para hacer “ba-