Versión completa - Fundación Alternativas
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Castilla y León 73<br />
Castilla y León<br />
Periodista: Verónica Ibáñez<br />
Estudio general<br />
sobre presuntas<br />
irregularidades<br />
urbanísticas en la<br />
Comunidad Autónoma a<br />
partir del año 2000.<br />
En la mayoría de los casos presentados, debe hablarse<br />
de irregularidades urbanísticas más que de casos de<br />
corrupción propiamente dichos. Esto es porque, al contrario<br />
de lo sucedido en otras regiones, como Andalucía o Murcia,<br />
en Castilla y León aún no se han descubierto excesivos<br />
casos de flagrante corrupción. Ningún escándalo mediático<br />
ha desvelado, como ha sucedido en Marbella, por ejemplo,<br />
grandes casos de prevaricación, apropiación indebida de<br />
fondos ni tramas de corrupción a gran escala.<br />
Aquí la posible corrupción viene de la mano de irregularidades<br />
técnicas e incumplimiento de ciertas leyes, sobre todo<br />
de ámbito medioambiental. Sin embargo, es curioso que en<br />
numerosas ocasiones, precisamente para evitar que estas<br />
irregularidades se produzcan, se modifican las leyes que resultan<br />
incómodas para llevar a término determinados proyectos.<br />
De esta forma presenciamos polémicas modificaciones<br />
de los PGOU de varias ciudades con el único objetivo<br />
de legalizar determinadas propuestas urbanísticas que resultarían<br />
ilegales sin estos cambios. Éstos suelen realizarse<br />
bajo el nombre de “modificaciones puntuales” justificadas<br />
por un interés general, de carácter cultural o social, que no<br />
siempre queda suficientemente demostrado.<br />
En Castilla y León, las leyes medioambientales tienen también<br />
especial importancia, pues todas las provincias de la<br />
comunidad tienen parte de su territorio protegido bajo las<br />
declaraciones de Parque Natural o Espacio Natural Protegido,<br />
títulos que resultan especialmente incómodos para muchas<br />
constructoras, al igual que las calificaciones de Zona de<br />
Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Lugar de Interés<br />
Comunitario (LIC), que suponen la base de numerosas<br />
denuncias por presuntos delitos urbanísticos y ambientales.<br />
Este punto suscita, por tanto, no pocos conflictos entre<br />
la población, la administración y las empresas, aunque<br />
la mayoría de las veces los problemas suelen saldarse con<br />
una oportuna reforma del Plan de Ordenación de Recursos<br />
Naturales (PORN) o bien desoyendo las recomendaciones<br />
medioambientales de la ley.<br />
También es destacable el crecimiento desmedido en numerosos<br />
municipios. Cada vez con más frecuencia, los pueblos<br />
se convierten en objetivo de quienes pretenden sacar