Versión completa - Fundación Alternativas

Cataluña 87
Caso Terres Cavades
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Terres Cavades, Tarragona. Convergència i Unió.
Breve descripción del asunto.
Se prevé realizar en Tarragona la mayor reforma urbanística
de la historia de la ciudad: la construcción de 4.872 viviendas
en Terres Cavades. Ahora bien, el hermano del entonces
concejal de Urbanismo, Juan Fernández, posee terrenos y
participa en la empresa (9,8% de las acciones) que construirá
los edificios. El grupo de la oposición asegura que el concejal ha
vulnerado la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña al
votar favorablemente desde el año 2002 hasta junio de 2004
los diferentes trámites de un proyecto urbanístico en el que
su hermano tiene intereses económicos. En este contexto, el
alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, encarga un informe
jurídico a sus funcionarios y a un abogado externo sobre el
caso. El informe municipal concluye que en asuntos de interés
general, como las ordenanzas, los presupuestos o planificación
urbanística, los concejales no tienen por qué abstenerse cuando
se produce una votación. Pero la presión es tal que el concejal
presenta la carta de dimisión y el alcalde acaba aceptándola.
Días más tarde sale a la luz que el ex concejal poseía el 50% de
las acciones de una de las promotoras de Terres Cavades (el
otro 50% es de su hermano). Por otra parte, se descubre que el
senador convergente Lluís Badia, también ex concejal, había
comprado dos fincas en Terres Cavades por 360.000 euros
que vendió en 2002 por 4,4 millones. Finalmente, el gobierno
catalán anula la aprobación del proyecto al creer irregular el
voto del ex concejal de Urbanismo. Además, los vecinos de
Terres Cavades denuncian ante el fiscal al ex concejal Fernández
y al senador Badia por tráfico de influencias y prevaricación, y
el juez admite a trámite una querella criminal interpuesta por
una veintena de ex propietarios de los terrenos adquiridos por
la promotora para realizar las obras, ya que los propietarios
confiesan que fueron presionados y amenazados para vender
sus fincas. Una vez finaliza la instrucción del caso, el equipo
de gobierno de Tarragona (CIU y PP) mantiene el polémico
proyecto después de una revisión del POUM.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
El quipo de gobierno oculta información al no comunicar
que el concejal de Urbanismo tenía intereses en el proyecto.
Mientras, la oposición se muestra radicalmente en contra
de la reforma y pide la dimisión del concejal y el alcalde.
Descripción de la actuación autonómica.
Anula la aprobación del proyecto.
Descripción de la actuación de las
asociaciones y vecinos
(Manifestaciones, denuncias, etc...)
En medio de la polémica, los vecinos de Terres Cavades
denuncian ante el fiscal al ex concejal Fernández y al senador
Badia por tráfico de influencias y prevaricación.
Actuación de la administración de justicia
(Se iniciaron procedimientos penales o contenciosoadministrativos,
la Fiscalía intervino, etc...)
ERC presenta un recurso contencioso-administrativo
ante el TSJC para denunciar la reforma; los vecinos de
Terres Cavades denuncian ante el fiscal al ex concejal
Fernández y al senador Badia por tráfico de influencias
y prevaricación; una veintena de ex propietarios
interponen una querella criminal por las presiones que
recibieron por la promotora para que se los vencieran;
los vecinos presentan otra denuncia ante la Fiscalía; y se
inicia un proceso judicial con 11 imputados entre los que
figuran el alcalde, Fernández y Badia.
Si es que hubo una resolución
administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha
ejecutado?
El Departamento de Gobernación de la Generalitat emite
un informe en el que declara ilegales los trámites del
proyecto
Caso Illa Sandoz
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Barcelona. Convergència i Unió.
Breve descripción del asunto.
El Ayuntamiento de Barcelona autoriza la construcción de
200 viviendas en la Illa Sandoz, parte de las cuales superan
la altura permitida y no mantienen la distancia debida. Los
vecinos se muestran contrarios y llevan el caso ante la Justicia.
En 2004 los tribunales declaren nulos, por no ajustarse a