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Mapa por comunidades autónomas
Mancha, que es quien en estos momentos trabaja para depurar
responsabilidades.
Tanto Seseña como Hellín y Argamasilla son zonas con graves
problemas de abastecimiento hídrico, por lo que, además
de la trasparencia en la gestión de los proyectos, se ha
criticado duramente las estrategias que han seguido algunos
ayuntamientos y promotores para construir en lugares
donde el agua y otros servicios como la electricidad no están
garantizados. En estos tres casos, los más relevantes de los
últimos tiempos en la Comunidad Autónoma –no en vano
saltaron a la prensa nacional–, se produjeron recalificaciones
masivas de suelo y en al menos dos de ellos (Seseña y
Las Higuericas) se habló también de prevaricación, aunque
esto está aún por determinar.
Sin embargo, se han dado otros casos. La mayoría de las
irregularidades urbanísticas cometidas en Castilla-La Mancha
durante los últimos seis años tuvieron que ver con la
recalificación de suelo no urbanizable, sobre todo mediante
convenios urbanísticos, la concesión de licencias irregulares
y el mal uso del patrimonio municipal del suelo. Todo
ello “aderezado” con sospechas de trato de favor a algunos
promotores, tráfico de influencias, prevaricación, etc. La
mayoría de estas irregularidades se han concretado en los
municipios de la comarca de la Sagra, una zona situada en
el límite de la Comunidad de Madrid, al igual que el Corredor
del Henares, que está llamada a absorber parte de la población
de la capital de España. Quizás por ello en los últimos
años ha experimentado un importante crecimiento del
número de habitantes, que ha llevado consigo el aumento
de la actividad urbanizadora y también de las irregularidades
urbanísticas. Seseña, Carranque, Cedillo del Condado,
Chozas de Canales, Olías del Rey, Yuncler, Yeles y el propio
Toledo se han visto señalados por las presuntas irregularidades
urbanísticas cometidas en sus territorios.
Como consecuencia de este “destape”, los casos de corrupción
urbanística parecieron proliferar de la noche a
la mañana, y se creó cierta alarma social. En pocos meses,
aparecieron en varias provincias de la región colectivos ciudadanos,
asociaciones y plataformas contra el urbanismo
irracional, la especulación, etc. Para frenar el descrédito
ocasionado por escándalos como el de Seseña y dar sensación
de transparencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha
decidió publicar todas las actas y comunicaciones de las
comisiones provinciales de urbanismo a través de Internet.
Una medida que se sumó a otras muchas propuestas de los
partidos, como la creación de un pacto contra la corrupción
urbanística. Estas medidas a veces han calmado los ánimos,
pero los principales afectados, los ciudadanos, continúan
esperando respuestas que aclaren lo que ha sucedido en
muchos de estos casos.
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Otro aspecto reseñable es que muchas supuestas irregularidades
urbanísticas cometidas en Castilla-La Mancha se
conocieron a lo largo del año 2006, incluso aquellas que
acumulaban varios años de antigüedad. Es el caso de la macrourbanización
de Seseña, que fue aprobada en 2003, o de
la urbanización Las Higuericas de Hellín, proyecto que se
gestó entre 2004 y 2005.
El motivo parece claro: la proximidad de las elecciones.
Sólo así se entendería que la mayoría de las denuncias fueran
formuladas por la oposición política tras desempolvar
los expedientes, y que en contadas ocasiones se llegara a los
tribunales. Dicho de otro modo: 2006 ha sido el año en que
todos aquellos que se han propuesto ganar las elecciones
a golpe de ladrillo han sacado a la luz los trapos sucios. Se
trata por lo tanto de una batalla política, y no de una lucha
por la transparencia en la gestión urbanística. Pese a todo,
ningún color se ha escapado de las sospechas.