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Mapa por comunidades autónomas
Generalitat–, que fue destruido casi en su totalidad. Pero
es una excepción.
En lo que a la ciudad se refiere, existe la tendencia, por parte de
los consistorios, de vender suelo público/municipal a empresas
privadas –con lo que enriquecen sus arcas– y utilizar espacios
reservados a equipamientos para desarrollar sus obligaciones,
entre ellas construir vivienda protegida. Esto conlleva un gran
rechazo vecinal y asociativo, porque se genera falta de servicios
en los barrios. A esto se le suma otro hecho. Al no querer invertir
la mayoría de constructoras privadas en vivienda pública –porque
económicamente no les interesa–, se produce una doble
escasez: de vivienda pública, ya que el consistorio no edifica la
misma en espacios municipales y las constructoras no quieren
invertir en ella; y de equipamientos, al edificar vivienda pública
en los espacios reservados para tales. Se llega a la paradoja, por
ejemplo, de que en Barcelona el barrio de Poblenou no tiene ni
una sola guardería municipal. Otro caso es el de la isla Myrurgia,
en el barrio de la Sagrada Familia, donde los vecinos desde hace
años se quejan de la falta de equipamientos y el Ayuntamiento
acaba construyendo muchos menos de los prometidos.
Los campos de golf
Un ámbito a destacar dentro de las irregularidades urbanísticas
en Cataluña es el relacionado con la construcción y ampliación de
campos de golf. En los últimos años se han ido implantando por
todo el territorio sin tener en cuenta los requerimientos que este
tipo de instalaciones conlleva. Dos son los problemas asociados
a los campos de golf. En primer lugar, el terreno: la mayoría se
ubican en espacios que en un principio no estaban asignados a
este uso; son zonas protegidas o, como en el caso de Terrassa, se
encuentran sobre yacimientos arqueológicos. En segundo lugar,
el agua: el gran problema de los campos de golf es su riego. Nos
encontramos en una zona seca, donde regar estas instalaciones
supone un gran esfuerzo y esto provoca el rechazo de las plataformas
ecologistas a causa del impacto medioambiental que representan.
Además, otro problema asociado es la contaminación de
los acuíferos a través de los cuales se abastecen las ciudades. Este
es el caso de Sabadell con el Club de Golf de Terrassa.
consistorio y a toda la información que tienen a su alcance.
Las compra-ventas irregulares y los aumentos de edificabilidad,
entre otros, son el día a día de estos cargos. En este
sentido, destaca la operación inmobiliaria que llevó a cabo
el concejal de Urbanismo de Salou, Esteve Ferran (hijo del
alcalde), quien compró una casa el año 2000 por 30.000
euros y la vendió cuatro años más tarde por 506.000. Pero
no es el único. También en Sitges el teniente de alcalde de
Urbanismo, Lluís Marcé, construyó una vivienda para su
familia que vulneraba la edificabilidad, la ocupación y los
usos.
Presión vecinal y de plataformas
ecologistas
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En todos los casos de corrupción urbanística se ha observado
el gran papel que juegan estas organizaciones, que
llegan a paralizar algunos proyectos y ayudan a que casos
de irregularidades urbanísticas salgan a la luz pública. Es el
caso del espacio natural de Pinya de Rosa, donde una inmobiliaria
pretendía construir 330 chalés y, gracias a la movilización
vecinal (se recogieron 18.000 firmas y se hicieron
multitud de manifestaciones, etc.), se consiguió que el Parlament
aprobara una proposición que convirtió el paraje en
un espacio natural de interés nacional.
Por otra parte, la instalación de campos de golf siempre va asociada
a irregularidades en la tramitación del proceso de instalación,
ya que tanto al consistorio como a la constructora que los lleva a
cabo les proporciona un gran enriquecimiento –su construcción
va asociada a urbanizaciones y hoteles de lujo– y les interesa que
se construyan.
Concejales de Urbanismo, los más
corruptos
Sin duda, los concejales de Urbanismo son los que más delitos
urbanísticos cometen gracias a su posición dentro del