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Extremadura 95
de 100 viviendas de protección oficial; sin embargo, se han
vendido por la citada empresa pública a otra sociedad privada
para la construcción de 75 viviendas de lujo. El PSOE
niega tales irregularidades y achaca el ataque del PP al juego
político. Por su parte, la Junta se muestra dispuesta a
comparecer en la Asamblea de Extremadura para explicar
lo sucedido. Pocos días después, el PP añade que en octubre
de 1993 el Ayuntamiento socialista de Jaraíz de la Vera recalificó
14.000 metros de terreno de propiedad de la empresa
Hanemman con el objetivo de que la promotora pública Urviexsa
se los comprase para construir 30 viviendas sociales
y 100 de protección oficial. Hanemman pudo pagar así un
aval que tenía pendiente con la Junta de Extremadura. Dos
años más tarde, la Junta dio el visto bueno a esta modificación
urbanística y la situación se mantuvo hasta que en
1999, ya con el PP en el Ayuntamiento, se aprobó en pleno
un acuerdo para quitar a los terrenos su calificación de urbanizables,
a la vista de que Urviexsa no había cumplido el
compromiso de construir las viviendas. Llegaron entonces
las elecciones de junio de 1999 y el PSOE recuperó la mayoría
municipal, de modo que en octubre revocó el acuerdo
del pleno y le devolvió al suelo su condición de urbanizable,
a pesar de que ya sabía que Urviexsa había vendido ese
terreno a una empresa privada para construir 15 viviendas
sociales y 75 de lujo.
Caso Biblioteconomía
El 3 de junio de 1998 se aprueba el proyecto definitivo para
la construcción de la Facultad de Biblioteconomía en la Alcazaba
árabe de Badajoz por la Comisión de Bienes Inmuebles
del Patrimonio Histórico de Extremadura. Dos años
más tarde, la Asociación Amigos de Badajoz denuncia ante
la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles de Patrimonio
Histórico que la obra para esta construcción en el antiguo
Hospital Militar atenta gravemente contra el PGOU y un
edificio protegido y su entorno. Se presentan propuestas
alternativas ante la Dirección General de Patrimonio para
suavizar su impacto en el entorno y hacer compatible el proyecto
con la Ley de Patrimonio de Extremadura. El Ayuntamiento
pide a la Junta que considere el posible impacto
ambiental de la obra de la Facultad de Biblioteconomía. Ese
mismo día, la Consejera de Cultura tacha de irresponsables
las denuncias emitidas por Amigos de Badajoz.
El 22 de junio de 2000, esta asociación dirige un escrito al
presidente de la Junta de Extremadura por el que pide que
intervenga en la obra. La misma carta se remite al alcalde
de Badajoz, a la concejala de Urbanismo, al consejero de
Cultura y al director general de Patrimonio. Siete días más
tarde se solicita formalmente la paralización de la obra. Un
mes después, la asociación dirige un escrito a la Comisión
Provincial de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico
porque, en la sesión del 12 de julio de 2000, la comisión no
reflejó en su acta el acuerdo aprobado por unanimidad que
decía que el edificio causaba impacto formal y ambiental
y que se debían buscar otras soluciones. En septiembre de
ese mismo año se presenta un recurso de reposición contra
la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento y en noviembre
la asociación interpone ante el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura un recurso contencioso- administrativo
contra la resolución del Ayuntamiento de Badajoz
por la que se desestima el recurso de reposición.
Finalmente, en 2003 se hace pública la sentencia del TSJ
por la que se obliga al Ayuntamiento a devolver a la Alcazaba
la situación en la que se encontraba antes de la construcción
de la biblioteca y la facultad por haber atentado contra
el Patrimonio Histórico y el PGOU.
Caso Golf Guadiana
Este caso se originó cuando el promotor y constructor Ángel
Medrano tenía que construir un apartotel y, en su lugar,
edificó 60 apartamentos. El hecho de que en 1997 se hubiera
solicitado licencia de construcción para dichos apartamentos
y que a los propietarios de los mismos se les hubiera
cobrado el Impuesto sobre el Bien Inmueble por parte
del Ayuntamiento, no supuso ningún problema para que el
alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán (Partido Popular), negara
que conocía este asunto. Sin embargo, el empresario
Ángel Medrano admitió en Interviú que en 1997 ya avisó
al Consistorio de que lo que iba a construir en los terrenos
de Golf Guadiana no era un hotel sino unos apartamentos.
Según Izquierda Unida, las irregularidades en estas obras
afectan a unas 130 hectáreas de terreno y pueden haber
supuesto un beneficio de unos 18 millones de euros para
la constructora Jardines del Guadiana, que, por otra parte,
también está en las obras del Canal de Badajoz, en las que
está involucrada Cristina Herrera, concejala de Urbanismo
del Ayuntamiento de Badajoz. El caso aún no ha tenido una
resolución definitiva.
Caso Canal de Badajoz
La misma empresa involucrada en el Caso Golf Guadiana se
encuentra relacionada con el relativo al Canal de Badajoz. El
caso se remonta a una denuncia de Manuel Sosa, del grupo
municipal de Izquierda Unida, para saber a quién pertenecen
los terrenos del antiguo canal porque sospecha que son propiedad
municipal. La Fiscalía Anticorrupción investiga en 2004
estos hechos y, efectivamente, se demuestra que la superficie
de 6.000 metros cuadrados es de propiedad municipal pese a
que la constructora Jardines del Guadiana ha construido en
esos terrenos varios bloques de edificios ilegalmente.