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Madrid 125
quitecto municipal de cambiar su informe para que ganase
la adjudicación AFAR4, la gran beneficiada de la época de
regidor de Tejada. El 21 de febrero, el PSOE lleva el caso
a la Fiscalía General del Estado, y el PP se querella contra
Ruth Porta por “inventar” una trama, una querella archivada
muy recientemente. El fiscal general, a su vez, traslada el
caso a Anticorrupción, y el PP asegura que Conde Pumpido
actúa irregularmente, por lo que le denuncia por prevaricación
-una querella que poco después archiva el Supremo-.
Más tarde, se conoce que la comisión municipal que investiga
el caso no hará declarar a los principales implicados. La
comisión comienza en una localidad donde la ex ministra
Elvira Rodríguez preside la junta gestora local del PP de la
localidad. Foxá es imputado en abril por el fiscal de Medio
Ambiente. La comisión comienza en estas fechas y se cierra
a finales de julio. Porta segura que fue una comisión “de
ocultación”.
El 29 de noviembre el Ayuntamiento adjudica las dos parcelas
municipales (RN-1 y D-2) a la empresa constructora
Vallehermoso, y en diciembre Anticorrupción archiva las
diligencias del caso.
Caso Tamayo
Este complejísimo caso desató polémica durante meses y evitó
el gobierno de PSOE e IU en la Comunidad de Madrid. De
hecho, tuvieron que celebrarse otras elecciones que dieron la
mayoría a Esperanza Aguirre. Hagamos un brevísimo resumen.
En 1997 José Luis Balbás y Daniel Gómez participan en
nombre de Basodi en la asamblea de la junta de compensación
del sector Quitapesares, en Villaviciosa de Odón. Tamayo,
en nombre de Fidages -con sede en el despacho de Balbásmanda
un escrito para hacer una junta de compensación. En
1998 se llega a un acuerdo entre la Caixa y la mayoría de los
miembros de la junta, entre ellos Balbás, que preside Basodi
y representa a Mosalvi, que administran Bravo y Vázquez. En
2000, el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón vende el suelo,
que compran en su mayor parte la Caixa, Basodi y Mosalvi.
En septiembre de 2001 se produce la moción de censura en
Sevilla la Nueva, que hace caer al PSOE, y un año más tarde
la Fiscalía presenta una denuncia ante el juzgado de Navalcarnero
en la que se relaciona la moción con presuntos delitos
a posteriori y se denuncia que detrás está el enriquecimiento
del teniente de alcalde, el constructor Ángel Batanero. El 8 de
julio el congreso local del PP de Villaviciosa de Odón da luz
verde a revisar el PGOU y a los planes inmobiliarios de Bravo
y Vázquez en Quitapesares. Entre mayo y junio se producen
las llamadas entre Tamayo y Bravo, Tamayo y Balbás y la supuesta
reunión de Tamayo y José Blanco. Los Bravo-Vázquez
reservan las habitaciones de los tránsfugas. Bravo, al parecer,
acude a la sede del PP con un tránsfuga popular de Sevilla la
Nueva y se reúne con Romero de Tejada.
El 12 de julio, Balbás es expulsado del PP por defender la
tesis de los tránsfugas Tamayo y Sáez, que niegan su voto a
Simancas. El 16 de enero, la Fiscalía del TSJM abre diligencias
para investigar una supuesta trama tras la deserción.
Más tarde, el PSOE se querella contra Tamayo, Sáez, Bravo,
Vázquez, Balbás y Romero de Tejada. EL 21 de julio la Fiscalía
de Madrid interpone una querella contra los Bravo-
Vázquez y el ex alcalde de Alcorcón por una presunta trama
relacionada con los ensanches de Alcorcón.
Tejada se querella, a su vez, contra Simancas por calumnias.
En junio, Zúñiga y un ex concejal se querellan contra
el jefe de la Audiencia Provincial de Madrid y contra el de
Urbanismo por una “clara intencionalidad política” en sus
acciones.
El 1 de julio los tránsfugas impiden la investidura de Simancas,
y el juzgado de Alcorcón admite a trámite la querella
contra la supuesta trama. Sin embargo, el TSJM no admite
la presentada por el PSOE contra Tamayo y los otros implicados.
Más tarde, Anticorrupción propone al fiscal general
del Estado el inicio de diligencias contra la trama. Mientras,
la revuelta Asamblea de Madrid aprueba una comisión de
investigación y se desestima la querella contra Simancas. El
24 de julio comparece Tamayo en la comisión.
El 17 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de
Alcorcón dicta un auto de sobreseimiento de las querellas
presentadas por la Fiscalía de Madrid y el PSOE local contra
el ex alcalde Pablo Zúñiga, entre otros, por supuestas
irregularidades urbanísticas en el desarrollo del Ensanche
Norte. El auto señala que “no resulta de la investigación
practicada que el señor Zúñiga facilitara ningún tipo de
información privilegiada a los promotores y constructores
querellados, ni percibiera dinero por determinada información
o recalificación de terrenos”. También el resto de
imputados son querellados, salvo el arquitecto municipal,
contra el que se abre un procedimiento abreviado.
Caso Humanes
Otro caso más que el PP lleva a Anticorrupción. Los populares
denuncian una subasta de venta de suelo para hacer
viviendas. En principio, la empresa adjudicataria fue Deinsur,
pero el PP asegura que al mes renunció y que la segunda
mejor puja fue de Indorenta, que controla FCC, y en cuyo
consejo de administración entra, a mediados de los 90, la
Fundación Hogar del Empleado, que presidía el marido de
Porta, Enrique Benedicto. El alcalde decide volver a sacar la
venta a subasta y, según el PP, Porta presiona a Adolfo Álvarez
Sojo, el alcalde, del PSOE, amenazándole con suspenderle
si no se la adjudicaba a Indorenta. Poco después, en
junio de 2003, el alcalde sufre una moción de censura en la