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Castilla y León 77
cierto enriquecimiento del que fue alcalde de la localidad
y de su concejal de Obras mediante recalificaciones y contrataciones
sospechosas. Poco a poco se destapa una trama
en la que aparecen varios implicados que parecen cobrar y
hacer ciertos favores a cambio de la adjudicación de obras.
Ningún órgano político (ni Diputación ni Junta) realizó actuación
alguna al respecto. La única consecuencia política
de este suceso fue la dimisión de Javier Cruz el 28 de agosto
de 2006. Los vecinos tampoco tomaron ninguna medida
especial ni convocaron ni participaron en ningún tipo de
movilización.
La instrucción del caso aún continúa y todavía no hay imputados
ni ninguna sentencia en firme.
Segovia
Apartamentos ilegales del Eresma
Este caso tiene lugar en Segovia, cuando el gobierno local
está presidido por el PSOE y la Diputación y la Junta por
el PP.
En mayo de 2006, el Ayuntamiento paraliza la construcción
de una obra junto al río Eresma que en principio estaba planificada
para una sola vivienda y en la que se descubrieron
46 apartamentos, 16 de ellos totalmente acabados desde el
pasado año. La mayor polémica surge a causa de la participación
del concejal del PP, Ángel Sancho, en la empresa
promotora de las viviendas, Hontanilla de Santo Domingo
S.A., y por ser éste titular de la licencia concedida para rehabilitar
una vivienda que se utilizó para comenzar a construirse
los 16 apartamentos iniciales.
El 25 de mayo de 2006 el Ayuntamiento envía a la Fiscalía
Provincial un informe comunicando la situación ilegal
de estas viviendas, situadas además en una zona protegida,
inundable y calificada como suelo rústico, y anuncia, además,
que se procederá a su demolición. A su vez, el concejal
del PP denuncia al Ayuntamiento por la construcción de estos
inmuebles. Finalmente, el 22 de junio la Fiscalía archiva
esta última denuncia pero acepta a trámite la interpuesta
por el Ayuntamiento por la presunta relación de Sancho
con la promotora de la obra ilegal.
Ni la Junta ni la Diputación tomaron ningún tipo de medida,
además de las habituales declaraciones en defensa del militante
de su partido y críticas a los miembros del Ayuntamiento.
Tampoco existió un movimiento vecinal contrario a estas
actuaciones como tal, pero sí se escucharon varias declaraciones
de miembros de Amigos del Patrimonio y Ciudadanos
por Segovia en diferentes medios de comunicación.
No ha habido ningún tipo de resolución judicial.
Ávila
Navas del Marqués
Este caso se desarrolla en el municipio de Navas del
Marqués (Ávila), situado a 40 kilómetros de la capital
de la provincia y en el límite con la Comunidad Autónoma
de Madrid. Tanto el gobierno municipal como el
provincial y el autonómico pertenecen al Partido Popular.
Las primeras noticias surgen en agosto de 2003 cuando
varios grupos ecologistas, Amigos de la Tierra y SEO
Bird Life primero, y posteriormente WWF/Adena, Asociación
Centaurea, Greenpeace, Ecologistas en Acción,
Colectivo Cantueso y Grupo de Acción para el Medio
Ambiente (GRAMA), se oponen a la construcción de la
Ciudad del Golf en un pinar de este municipio. Este proyecto
consistía en la construcción de 1.600 chalés, dos
hoteles de lujo y un campo de golf en un terreno de unas
210 hectáreas calificadas con la denominación de Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de
Interés Comunitario (LIC). Los ecologistas alegan sobre
todo que esta urbanización destruirá el hábitat de
la cigüeña negra y del águila imperial ibérica, dos especies
en peligro de extinción. También señalan el grave
problema de abastecimiento de agua que supondrían las
viviendas y el riego del campo de golf en una zona que
ya sufre escasez y restricciones en varias épocas del año.
Por último, los ecologistas apuntaron un posible caso
de corrupción urbanística y prevaricación ya que la sociedad
propietaria de los terrenos está formada por las
tres administraciones públicas involucradas en el caso
(Ayuntamiento de la localidad, Diputación y Junta).
Tras una denuncia presentada por un vecino del municipio,
el Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia el
29 de septiembre declarando nula la recalificación del
solar. El 4 de octubre anuló el proyecto Ciudad del golf,
tras lo que tanto el Ayuntamiento como la Junta anunciaron
su intención de recurrir. Pese a estos dictámenes,
el constructor continuó la tala de varios centenares de
pinos que había iniciado dos semanas antes hasta que el
9 de octubre el alcalde de Navas paralizó la tala.
Los vecinos se movilizaron contra estas obras encadenándose
a los pinos y convocando una manifestación a
la que acudieron cerca de 1.000 personas.
Dos denuncias más de grupos ecologistas provocaron
tres autos del Juzgado de Instrucción nº2 y del de Primera
Instancia de Ávila para paralizar de forma cautelar
la tala, rechazar un recurso presentado por el constructor
y determinar la acumulación de las denuncias
presentadas anteriormente.