Versión completa - Fundación Alternativas

Murcia 135
Murcia
Periodista: Teresa Luengo Michel
Estudio general
sobre presuntas
irregularidades
urbanísticas en la
Comunidad Autónoma a
partir del año 2000.
Un repaso a los delitos urbanísticos de la Región
de Murcia (gobernada por el PP desde 1995) entre
los años 2000 y 2007 ofrece a poco que profundicemos
dos claras conclusiones: la primera, que la
conciencia social de la Región apenas acaba de despertar
(salvando ciertos sectores) ante la clara evidencia
de que el de la Región no es un crecimiento
urbanístico sostenible, lo que ha propiciado un sinfín
de irregularidades a lo largo de los años que no
se han denunciado, o se han denunciado tarde; y la
segunda, que hoy en día, y en las fechas en las que
nos encontramos, el ladrillo se ha convertido en todo
un arma política, con el que basta la simple sospecha
para marcar al partido contrario. Es, hoy por hoy,
uno de los principales focos de interés de los medios
de comunicación, y por tanto de la ciudadanía.
La mayoría de casos de corrupción urbanística se
concentran en la costa, principal atractivo turístico
de la Región, al que se ha ido explotando cada vez
con mayor intensidad ante la cada vez más inestable
agricultura, principal fuente de ingresos de la Región
de Murcia hasta hace un par de años. La proliferación
de urbanizaciones con campos de golf y otros accesorios
resulta más que patente a partir del año 2003.
En 2005, la venta de viviendas en la costa crecía
un 47% (sólo en ese año), llegando a las 17.500. En
Lorca (gobernada por el PSOE) se aprobaron cuatro
convenios en un solo pleno en 2006 que permitirán
la construcción de 30.000 viviendas. En ese año la
práctica totalidad de los ayuntamientos de la Región
tenían previsto ingresar cientos de millones de euros
por los convenios urbanísticos: veían (y ven) en ellos
la solución a sus problemas de financiación.
Las denuncias por irregularidades urbanísticas llevadas
a cabo por quienes nos gobiernan proliferan a
partir de 2005, aunque esas irregularidades se dieron
hace años, pero entonces nadie lo quiso o lo pudo denunciar.
El PSOE remite en 2006 a la Fiscalía del TSJ
de Murcia más de 22 denuncias por delitos urbanísticos
presuntamente perpetrados en los municipios
gobernados por el PP. Aunque el municipio donde