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Mapa por comunidades autónomas
los terrenos, pero al final se optó por adjudicar la gestión
del nuevo desarrollo a FCC, algo que tardó en ser aprobado
por unos problemas en la documentación. Surge la tensión
en el equipo de gobierno y entre sus miembros, como Reino.
Amenaza con dejar el grupo popular y abortar la concesión a
FCC. El País reprodujo conversaciones grabadas por personas
próximas a él y que Reino reconoció mantener en un momento
de acaloramiento. En ellas sospecha de la presencia
del entonces secretario general del PP madrileño, Romero
de Tejada. También afirma que “de los 30.000 millones, yo
quiero mi 11%. Si me voy cobrando, de puta madre, porque
si no, no me voy a ir”. “En la porción en que ellos vayan a
cobrar, así voy a chupar yo”, y asegura que “aquí siempre se
han hecho los pliegos para conceder las cosas”. Relacionó
también a Mario Utrilla, teniente de alcalde de Pozuelo de
Alarcón, al que acusa de comisionista.
Por supuesto, sus declaraciones dejan indiferentes a pocos.
María de la Poza, alcaldesa del municipio, tilda de “radicalmente
falsas” las afirmaciones de su ex compañero y asegura
que la gestión del PGOU es “modélica”. Utrilla le tacha
de “golfo”.
El caso fue denunciado por el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción.
Caso Gil de Biedma
Escándalo muy relacionado con el caso Porto y que puso en
aprietos a la presidenta regional, emparentada con varios
implicados, en un caso que una vez más desató las voces
contrarias a la especulación en la comunidad.
Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma,
tío de Aguirre, ganó 2,1 millones de euros en la compraventa
de unos terrenos en Villanueva de la Cañada, cuyo plan de
urbanización desbloqueó en 2004 Porto, ex director general
de Urbanismo. La firma vendió el pasado año, al 50% con
otra inmobiliaria, por 4,6 millones de euros unos terrenos
que compró seis años atrás por poco más de 400.000 euros.
El caso afecta a la urbanización de Los Pocillos, bloqueada
hasta la llegada de Porto, que tenía suelo en la zona. La intervención
de Porto fue decisiva para que prosperasen no sólo
su negocio, sino los de los Viedma. Porto, desoyendo los consejos
de varios técnicos, decidió dar por subsanadas varias
deficiencias, pero se supo que al menos subsistían tres: el volumen
de edificabilidad se inflaba ilegalmente al computarse
como suelo urbanizable el monte preservado, afectaba a la
M-503 y carecía de informe ambiental.
El otro foco de negocio con sospechas de trato de favor para
esta familia reside en Tres Cantos. Allí, entre 1988 y 1989,
Eland Construcciones compra 21 fincas por 71.000 euros.
En 2001, la empresa de Gil de Biedma compra Eland por
3,1 millones de euros, y ese mismo año el Ayuntamiento
comienza los trabajos del nuevo PGOU. En 2004, Biedma
vende 17 de las 21 fincas por 11 millones de euros.
El gobierno regional, por su parte, justifica el pelotazo, y
el consejero de Presidencia, Francisco Granados, asegura
que no es sino una revalorización del suelo transcurridos
seis años.
En noviembre, el PSOE entrega documentación del caso a
la Fiscalía Anticorrupción.
Caso Majadahonda
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Como es habitual, una denuncia de entramado urbanístico
acaba desembocando en un conflicto político que en esta
ocasión puso en aprietos a la cúpula del PP madrileño. El
gobierno municipal de Majadahonda se rompe y el alcalde,
Guillermo Ortega, del PP, dimite “por motivos de salud”
y deja un equipo dividido entre él y Narciso de Foxá,
presidente de Pammasa, empresa municipal que lleva todos
los temas urbanísticos. El PSOE asegura que esta empresa,
creada en 1992 por Ricardo Romero de Tejada, ha
descapitalizado al Ayuntamiento, que tiene un agujero de
15 millones de euros. ¿Cuál es el origen de esta corruptela?
Lo que se conoce como permutazo: el Ayuntamiento cedía
a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que
sobre ellas se levantasen viviendas de protección oficial.
Pammasa, a su vez, vendía a las promotoras los derechos
de construcción de estas viviendas libres a cambio de una
compensación económica: 30.000 euros por cada piso protegido
no construido. Y era el Ayuntamiento el que hacía
las viviendas protegidas. Se conoce además que el equipo
de gobierno intentó adjudicar a precio muy inferior al de
mercado dos parcelas municipales, cuya adjudicación frenó
la comunidad. El grupo socialista denunció el 22 de octubre
de 2003 ante la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente
el procedimiento seguido por Pammasa para la venta de los
derechos.
Foxá toma el bastón y entonces aparece el edil de Urbanismo
del municipio majariego, quien asevera que, junto a Ortega,
entregó en su día en la sede popular un dossier en una
reunión en enero a la que asistió Esperanza Aguirre, y en
la que se denuncia una presunta trama en la que estarían
implicados Romero de Tejada, secretario general del PP
madrileño, y Foxá, quien, según el texto, al que tuvo acceso
la cadena SER, vende suelo calificado para vivienda libre a
precio de suelo para protección oficial. La misma cadena
difunde una grabación en la que Foxá y Ortega aseguran
que la decisión de paralizar la adjudicación de las parcelas
vino directamente de Aguirre. En ella, Ortega culpa al ar-