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Canarias 45
sido gobernadas por alcaldes que ocupaban sus puestos
durante años acudiendo incluso al transfuguismo.
Así, encontramos que muchos de los acusados, como
el diputado autonómico y presidente del Partido Popular
en Fuerteventura, Domingo González Arroyo,
en su etapa de alcalde de La Oliva acumuló varias causas
abiertas relacionadas con el urbanismo. Sin embargo
(lo que resulta de relieve en este caso), se trata
de cargos con un amplio historial de visitas a los juzgados,
lo que pone de manifiesto que las actuaciones
en materia urbanística son otras más dentro de sus
comportamientos presuntamente ilegales. Arroyo,
condenado por intrusismo, está actualmente imputado
por el presunto intento de voto a un concejal, algo
que lo sitúa muy en línea con Dimas Martín, famoso
político lanzaroteño que en sus cuatro estancias en la
cárcel ha acumulado delitos pero, paradójicamente,
ninguno relacionado con temas urbanísticos.
- La oposición denuncia. Al margen de las denuncias
de vecinos, la gran mayoría de las mismas vienen de la
oposición en los distintos ayuntamientos. En el caso
Góndola fueron ex concejales del PP en Mogán, que
abandonaron el grupo de Gobierno y se integraron en
Nueva Canarias, los que plantearon la denuncia. El
caso Las Teresitas ha sido impulsado por militantes
de base del PSC, descontentos con la actuación de su
grupo municipal (que apoyaron en el pleno el convenio
de esta playa de Santa Cruz de Tenerife), y es un
ejemplo evidente en el que, a partir del reparto de poder
en los municipios, el PSC es uno de los principales
denunciantes y Coalición Canaria y Partido Popular
tienen sus nombres en entredicho. En otras ocasiones,
como el caso Farmacia o La Mareta, es el Grupo
de Gobierno quien plantea la denuncia contra el Grupo
de Gobierno anterior. Las Teresitas, sin embargo,
también sirve de ejemplo del poder que puede acumular
una formación política que gobierna durante
años un municipio, atrayendo a los grupos de la oposición,
que terminan respaldando en pleno acuerdos
que luego son investigados. Precisamente, el respaldo
en pleno es muchas veces la excusa planteada por los
acusados para defender que hubo legalidad, lo que
quizás ponga de manifiesto lo anteriormente dicho
o la imposibilidad de analizar expedientes complejos
por un concejal en un municipio.
- Frente a la oposición no sólo está el Grupo de Gobierno
o el alcalde que comete una actuación irregular. En
los casos Faycán, Las Arenas, Jinámar, Las Teresitas
o Góndola encontramos empresarios de gran peso,
como Ambrosio Jiménez (vinculado a Jinámar, Las
Arenas, Montaña Pacho), Ignacio González y Antonio
Plasencia (Las Teresitas) o Santiago Santana Cazorla
(Góndola y San Rafael). Todos ellos están imputados
y son, junto a los cargos municipales que se perpetúan
en sus puestos, una prueba del peso y de la influencia
que hace que dichos empresarios salgan muy beneficiados,
presuntamente, sobre todo en la concesión
de licencias o en los planes urbanísticos. Son la otra
parte necesaria de una posible corrupción, aunque en
algunos casos sea al revés, siendo los empresarios, sin
tanto peso como en Antigua o Telde, los que se pliegan
a la decisión municipal.
- En el ámbito autonómico, el caso Tindaya, donde el
Gobierno se sintió estafado y demandó a los ex propietarios
de una cantera y a los constructores, o el caso
Jinámar, donde un consejero llevó a Anticorrupción
un expediente que ponía en entredicho la gestión del
anterior consejero, demuestran que los casos de corrupción
urbanística no sólo se limitan al ámbito municipal
pese a que, a priori, los controles son mucho
mayores a nivel autonómico. Aun así, los controles no
pueden evitar casos como el Eólico, el más grave detectado
en los últimos años, y que éste toque de forma
indirecta algunas irregularidades sobre el suelo, sin
ser éste el objeto del negocio en sí ni de la presunta
ilegalidad cometida. Sin embargo, el reciente caso
Góndola llegó a situar la implicación autonómica en
el nivel más alto (sólo por seis días), tras la decisión
del TSJC de admitir una pieza separada del caso al
presidente canario, Adán Martín, y al consejero de
Ordenación del Territorio, Domingo Berriel (ambos
aforados), por el presunto tráfico de influencias para
facilitar un negocio (distinto al convenio) de Santiago
Santana Cazorla, el empresario imputado. Sin embargo,
las exigencias de diligencia que pidió Martín
tuvieron su fruto: un día después, el fiscal del TSJC
señaló que no había indicios de delito y la magistrada
archivó esa pieza separada.
- Faycán en Telde o Las Teresitas y Fórum en Santa
Cruz de Tenerife señalan también, junto a otros casos
tanto a nivel autonómico como municipal, que la
tradicional creencia de que son personas o políticos
individuales los que cometen el acto delictivo a veces
no es del todo cierta. En muchos de los casos registrados
en Canarias se habla de verdaderas tramas
en las que, junto al alcalde, están implicados varios
funcionarios, concejales o incluso la oposición (Las
Teresitas). También se ha llegado al caso de terminar
prácticamente todo el grupo de Gobierno de un partido
imputado por las ilegalidades, como ha sucedido
en Telde con las presuntas comisiones ilegales, que
también presuntamente iban destinadas, además de a
financiar a los concejales, a las arcas del partido y a las
obras de la sede en el municipio, o a financiar la compra
de votos a ciudadanos comunitarios en Mogán.
- Hay que mencionar, por otro lado, la repercusión
mediática que han tenido muchos de estos casos. Los