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Mapa por comunidades autónomas
talla política, criticando con dureza la política urbanística
del PSOE” y el “oscurantismo” en torno al expediente de la
operación de Seseña. El PSOE defendió en todo momento
la actuación de la Junta en ese caso. El propio presidente
José María Barreda garantizó la “transparencia, legalidad y
pulcritud” con que se había tramitado el PAU. Respecto a la
actuación de sus ediles –ligados a ONDE 2000–, los socialistas
aseguraron que la agrupación local se había disuelto
dos años atrás, lo que negaron IU y los propios concejales
del PSOE en Seseña.
Fuera del ámbito político, se produjeron varias manifestaciones
ciudadanas de apoyo tanto al alcalde de Seseña como
al promotor de las viviendas. En este último caso, fueron
los trabajadores de ONDE 2000 quienes salieron a la calle
para exigir la concesión de licencias a “El Pocero” a instancias
del propio constructor, según denunció IU. El propio
Francisco Hernando, que desde un principio rechazó todas
las acusaciones, aseguró que, una vez que se pronunciase la
Fiscalía Anticorrupción, se querellaría contra el alcalde de
Seseña por daños y perjuicios. Y es que, al parecer, la venta
de pisos en el Residencial Hernando ha disminuido considerablemente
en los últimos meses, debido a la repercusión
mediática de este caso, el único que ha ocupado las primera
páginas de los diarios nacionales, en parte porque ha salpicado
a dos ex ministros: José Bono y Eduardo Zaplana.
El primero, que era presidente de la comunidad cuando se
aprobó el PAU, por estar vinculado a Hípica Almenara de
Toledo, una sociedad para que la ONDE 2000 realizó algunas
obras; el segundo, por su relación personal con Francisco
Hernando, a quien concedió la Medalla al Trabajo
durante su etapa ministerial con el PP
Hellín
Las Higuericas
El pasado mes de octubre, la ONG Ecologistas en Acción denunció
ante la Fiscalía Anticorrupción a la Junta de Comunidades
de Castilla La-Mancha, al Ayuntamiento socialista
de Hellín (Albacete) y a la empresa murciana Cleyton Ges
por un presunto delito de prevaricación en la aprobación de
Las Higuericas, un proyecto urbanístico que contemplaba
la construcción de 680 chalés, con sus respectivas piscinas,
en una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y en un
Lugar de Interés Comunitario (LIC) perteneciente a la Red
Natura 2000 y, para mayor escarnio, con graves problemas
de abastecimiento de agua. La misma denuncia había sido
interpuesta en junio ante el Tribunal Superior de Castilla-
La Mancha y más tarde se elevó también a la defensora del
pueblo de la región.
Como cabía esperar, el Partido Popular de Hellín se sumó a
la denuncia de los ecologistas y pidió la dimisión del alcalde,
Diego García Caro. Los populares fueron más allá y denunciaron
la existencia de “maletines” con los que supuestamente
la empresa promotora habría comprado prebendas.
Cleyton Ges no tardó en desmentir estas acusaciones y pedir
la rectificación del PP. También IU, que en un principio
apoyó el proyecto, se posicionó en contra alegando que la
promotora había incumplido su compromiso de destinar el
40% de las viviendas a protección oficial.
Sin embargo, hay que recordar que el convenio urbanizador
de Las Higuericas fue aprobado por unanimidad en el
Ayuntamiento de Hellín en noviembre de 2004.
Los acusados, por su parte, defendieron la legalidad del
proyecto, empezando por el alcalde y continuando por el
consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro,
que reconoció que Las Higuericas afectaba a una zona
medioambiental protegida, aunque su Consejería se había
encargado de poner una serie de condiciones para minimizar
el impacto ambiental, como restringir la construcción a
los terrenos agrícolas sin valor ambiental. De este modo, el
programa urbanístico que se presentó en 2003 había quedado
reducido de 117 a 71 hectáreas tras los informes de la
Consejería de Medio Ambiente.
Finalmente, el 14 de noviembre de 2006, la Fiscalía Anticorrupción
se inhibió de la denuncia interpuesta por Ecologistas
en Acción al considerar que los hechos no eran de su
competencia, y remitió la documentación al fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que
abrió nuevas diligencias informativas.
La empresa Cleyton Ges acordó parar temporalmente las
obras, que habían comenzado en el mes de mayo, debido a
la falta de licencias municipales y, según las malas lenguas,
a problemas económicos.
Por si no fuera suficiente, a finales del mes de diciembre,
el diario ABC “destapó” que esta misma promotora planeaba
la construcción de otra urbanización aún mayor –4.650
chalés con el nombre de El Romeral Internacional Golf Resort
que ya se anunciaban en Internet– en una productiva
explotación agrícola dedicada al cultivo del olivar. Una noticia
que el alcalde hellinero desmintió de inmediato.
Cuenca
a la cabeza en irregularidades urbanísticas
El informe emitido en octubre por el Servicio de Protección
de la Naturaleza (SEPRONA) sobre construcciones
ilegales en el medio rural no pasó inadvertido para
nadie, especialmente en la provincia de Cuenca. Según
este estudio, entre enero de 2005 y junio de 2006, la policía
ecológica de la Guardia Civil detectó más de 12.800
construcciones ilegales y detuvo a 239 personas por di-
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