Versión completa - Fundación Alternativas

Comunidad Valenciana 159
Comunidad Valenciana
Periodista: Carla Aliño García
Estudio general
sobre presuntas
irregularidades
urbanísticas en la
Comunidad Autónoma a
partir del año 2000.
Podemos observar que en la Comunitat Valenciana
se han producido diversos tipos de irregularidades
urbanísticas, sobre todo relacionadas con la clasificación
del suelo (reclasificaciones de suelos no urbanizables o
protegidos) y con los cambios de usos y planeamiento
(aumentos de edificabilidad, modificaciones puntuales o
recalificaciones de usos), aunque también hemos encontrado
cuestiones relacionadas con convenios urbanísticos
que benefician a privados y perjudican a los ayuntamientos,
o aquellos relacionados con la gestión o con
la disciplina urbanística, como la concesión de licencias
irregulares.
Es tanto el volumen de ingresos que por esta materia
recibe un ayuntamiento, partido político o particular
que es difícil escapar a esta práctica, sobre todo aprovechando
que las normativas urbanísticas tienen muchos
vacíos y, en muchas ocasiones, permiten actuaciones que
bordean el límite de lo correcto desde el punto de vista
moral o ético.
En este momento, los proyectos urbanísticos más importantes
que tiene la Comunitat Valenciana o sus principales
capitales, auspiciados por los partidos gobernantes
(Plan del Cabanyal, caso Mestalla -ambos en Valencia-,
el Manhattan de Cullera, el aeropuerto de Castellón o el
plan Rabasa de Alicante, por poner algunos ejemplos)
están cuestionados o directamente en manos de los tribunales.
Lo mismo sucede, a escala menor, con muchos
de los planes urbanísticos de los pequeños municipios,
sobre todo aquellos que se encuentran en la costa.
El nivel de irregularidades en la actualidad ha llegado a
tal extremo que la política general de los municipios se
debate en términos de reclasificaciones, metros cuadrados
o cambios de planeamiento, dejando de lado otras
cuestiones sociales y que afectan a la vida cotidiana de
los vecinos.
Durante la realización de este estudio se ha podido observar
que la mayor parte de las infracciones urbanísticas
que se producen en el año 2000, y que se dan a conocer
el mismo año, no es demasiado relevante para los