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Comunidad Valenciana 163
por valor de 60.000 euros, blanqueaba facturas de la empresa
Necso -adjudicataria del servicio de recogida de basuras-
que llegaban al Ayuntamiento por un importe total
de 240.000 euros, e implicó directamente en este delito al
alcalde, José Manuel Medina, quien negó estas acusaciones
y se querelló contra Espinosa por injurias y calumnias.
Los portavoces de la oposición (PSPV-PSOE, EU y Centro
Liberal), tras hablar con el ex interventor, denunciaron
ante la Fiscalía que Medina disfrutaba de bienes como vehículos
de lujo y un chalé propiedad de promotores que
habrían sido beneficiados con la adjudicación de planes urbanísticos,
como los de Tierras Nuevas I y II: unos 800.000
metros cuadrados que fueron recalificados en septiembre
de 2005 por el Ayuntamiento para permitir la construcción
de unas 4.200 viviendas.
A raíz de esa denuncia, a la que se sumó la asociación Ciudadanos
por la Transparencia, Medina fue imputado por un
juzgado de Orihuela por la presunta comisión de un delito
contra la ordenación del territorio, mientras que también
se investigan otras 15 causas de supuestas irregularidades
urbanísticas y contables, por las que están denunciados
cuatro concejales del PP, varios empresarios y tres asesores
municipales.
La denuncia socialista sobre los bienes de que disfruta Medina
enumera un bungaló propiedad de la mercantil Villas
y Bungalows El Cid S.A., un vehículo de superlujo Bentley
Rolls Royce y un Audi de gran cilindrada, propiedad de empresarios
con importantes proyectos urbanísticos en el municipio.
Todos estos bienes fueron reconocidos por Medina
y constan en el Registro Mercantil y de la Propiedad.
El caso sigue abierto y el alcalde ha anunciado que, tras 11
años en el cargo, no se presentará a la reelección.
Caso Catral
del municipio por no atajar la proliferación de viviendas
ilegales en el término municipal.
Es entonces cuando se conoce que el gobierno valenciano
había pedido al municipio la redacción de un concierto previo
de modificación del plan general para solucionar esta
situación. El Ayuntamiento lo presentó en mayo de 2005,
pero éste fue rechazado, en julio de 2006, por contemplar
sólo el 50% de las edificaciones ilegales y no aportar salidas
urbanísticas.
El alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez Leal, anuncia
su intención de recurrir la decisión de la Generalitat para
poder recuperar las competencias urbanísticas y denuncia
que esta medida responde a motivaciones políticas.
Los grupos de la oposición piden al gobierno valenciano
que actúe de la misma manera en todas las localidades
que tienen este tipo de problema, mientras que el PP
acusa a la Fiscalía de no haber actuado, pese a conocer
desde hace dos años la existencia de casas ilegales en
Catral, algo que ésta niega, al asegurar que en su momento,
incoó diligencias al advertir la existencia de indicios
de delito.
La asociación que denunció la existencia de estas viviendas
acusa a la Generalitat de dejación de funciones porque, según
recuerda, antes de denunciar la situación en el juzgado,
la puso en conocimiento de la Dirección Territorial de Urbanismo
de Alicante.
Una juez decreta el archivo provisional de la denuncia
de esta asociación una semana antes de que la Generalitat
retirara las competencias urbanísticas del municipio,
pero la Fiscalía de Alicante recurre esta decisión y acusa
al alcalde y a seis promotores -entre ellos la hermana, el
cuñado y el sobrino del regidor- de un supuesto delito
de prevaricación derivado de la masiva construcción de
casas en suelo agrícola.
Afecta al municipio de Catral (Alicante), gobernado por el
PSPV.
En julio de 2004, la Asociación Europea de Consumidores
y Usuarios (AECU) denuncia la proliferación de edificaciones
ilegales en la huerta del municipio alicantino, donde
calcula que existirá un centenar de viviendas construidas
al margen de los planeamientos locales y de la normativa
urbanística. El alcalde de Catral reconoce la existencia de
estas edificaciones y señala que son debidas a la carencia de
suelo y la presión de los promotores.
El tema vuelve a retomarse en octubre de 2006, cuando la
Generalitat decide asumir las competencias urbanísticas
Caso Manhattan de Cullera
Afecta a la localidad de Cullera (Valencia), gobernada por
una coalición entre el PP, Unión Valenciana y el Bloc.
A finales de 2003, el Ayuntamiento de Cullera y el Instituto
Valenciano de la Vivienda (IVVSA), organismo dependiente
de la Generalitat, firman un acuerdo para desarrollar el
Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Vega de Cullera,
que más adelante se conocerá como el Manhattan de
Cullera. El proyecto urbanístico prevé la construcción de 33
torres de 25 alturas y dos de 40, además de hoteles y un
puerto deportivo, junto a la desembocadura del río Júcar.