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CpM presenta pues un recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Málaga y éste es desestimado
en junio de 2006. Como última opción, el presidente
de CpM, Mustafa Aberchan, anuncia en mayo de 2006
que presentará los hechos ante el Ministerio Fiscal, que
responde que estudiará el caso.
Si es que hubo una resolución
administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha
ejecutado?
El último auto judicial, publicado el 25 de junio de 2006,
sentencia que “no cabe hablar de prevaricación”. Los
magistrados consideran que esa falta de inclusión de la
tipología T4F en el documento matriz del Plan de Ordenación
Urbanística de la explanada de San Lorenzo, que
sí estaba recogida en los ejemplares de la Consejería, “se
debió a un olvido o mero error material”. En este sentido,
el auto destaca que fue el propio querellado, esto es,
el director general de Arquitectura y Urbanismo, quien
se percató de dicho error y lo puso en conocimiento de
la comisión de Obras Públicas. Asimismo, la Audiencia
considera que al deberse todo ello a un error, esto “excluye
el dolo como elemento configurador del tipo, siendo
imposible la comisión de este delito por imprudencia”,
puesto que una conducta es punible “cuando la autoridad
o funcionario informa favorablemente los proyectos
de edificación o la concesión de licencias contrarias a las
normas urbanísticas, a sabiendas de su injusticia”, pero
no cuando se trata de “un error o negligencia”.
Caso Llanos de Hidum
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Melilla. Los hechos en sí ocurrieron a mediados de los años
90, cuando gobernaba el Partido Popular (con Ignacio Velázquez
como presidente), pero el artículo de El Mundo se publica
cuando gobierna en Melilla Juan José Imbroda (PP).
Breve descripción del asunto.
El principal grupo de la oposición, Coalición por Melilla
(CpM), exige la creación de una comisión de investigación
al presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, después
de que el diario El Mundo lo relacionase con una presunta
operación ilegal de la Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda (Emvismesa) en la compra con sobreprecio de los
terrenos de Llanos de Hidum a mediados de los años 90.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
El gobierno local apoya la creación de dicha comisión de
investigación al presidente Imbroda, aunque finalmente la
oposición se retira al no ser aceptadas sus propuestas. La
Comisión dictamina que no existen responsabilidades políticas
del jefe del ejecutivo local, quien explicó que la operación
en Llanos de Hidum fue “completamente legal” pero
que, aún así, él no tiene ninguna responsabilidad puesto
que, además de abstenerse en la votación de dicho asunto,
en aquella fecha era miembro de la oposición.
Descripción de la actuación autonómica.
En Melilla la autoridad municipal y la autonómica son la
misma.
Descripción de la actuación de las
asociaciones y vecinos
(Manifestaciones, denuncias, etc...)
No se recogen.
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Actuación de la administración de justicia
(Se iniciaron procedimientos penales o contenciosoadministrativos,
la Fiscalía intervino, etc...)
Al contar Juan José Imbroda con la doble condición de
senador y presidente, el caso llega al Tribunal Supremo,
que devuelve las diligencias al juzgado de Melilla. Por su
parte, Imbroda se querelló en septiembre de 2004 contra
el juez que ocupaba el Juzgado de Instrucción número
5 de Melilla por iniciar la investigación en la que se le
implicaba en una presunta trama urbanística, presentó
denuncias al presidente del Consejo General del Poder
Judicial, al fiscal general del Estado, al ministro del
Interior y al presidente del Senado solicitando amparo y,
por último, se querelló contra el presidente del Partido
Independiente de Melilla (PIM), Enrique Palacios, contra
una diputada de Coalición por Melilla (CpM) y contra un
sindicalista de CCOO por hacer declaraciones públicas
relacionándole con los casos de corrupción.
Si es que hubo una resolución
administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha
ejecutado?
En primer lugar, el Tribunal Supremo, en noviembre de
2004, rechaza cualquier vinculación del presidente de la
ciudad con este asunto y devuelve las diligencias al juz-