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Mapa por comunidades autónomas
de de San Javier, José Hernández, del PP, para ampliar las
investigaciones que la Fiscalía abrió de oficio en mayo.
El alcalde de San Javier defiende la compatibilidad de sus
negocios privados y su actividad pública y sus relaciones
mercantiles. “Yo soy aparejador, constructor y promotor;
llevo más de 30 años trabajando en esto y tengo mil socios”,
argumenta.
También en el mes de noviembre el PP abre una investigación
sobre los negocios del alcalde de San Javier con
promotores. El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón
Luis Valcárcel, califica de “calumnias” las acusaciones
del PSOE.
En diciembre, Hernández presta declaración en los juzgados,
así como algunos de sus socios. Todos mantienen la
legalidad de sus actuaciones.
El caso sigue en los tribunales.
Los Alcázares
Los Alcázares está gobernado por el PSOE. Este municipio
ha sido relacionado diversos casos de corrupción urbanística.
Además, le ha tocado de lleno la trama marbellí, provocando
la renuncia de su alcalde (en septiembre de 2006)
tras años en el sillón, y la caída en depresión del actual alcalde,
también relacionado con la trama.
El primero de los casos relacionados es el de Torre del
Rame. En octubre de 2001, el Ayuntamiento de Los Alcázares
aprueba la modificación de las normas subsidiarias para
desarrollar el plan parcial de 1.850.000 metros cuadrados
en Las Lomas del Rame, donde se construirá un complejo
de lujo. Éste incluye un campo de golf de 18 hoyos, una urbanización
y una zona hotelera. Cinco años más tarde, en
diciembre de 2006, la oposición acusa al alcalde, Juan Escudero,
y a otros funcionarios de prevaricación y tráfico de
influencias en la compra de parcelas en Torre del Rame. El
fiscal decide investigar. Los implicados niegan todo cargo.
En 2007, con la trama marbellí en plena ebullición, conocidas
las relaciones y negocios de los implicados en la trama
en Murcia, se publica que algunos de los implicados en
dicha trama tenían muchas fincas en Torre del Rame. Esos
mismos empresarios vinculados a Roca están, a su vez, implicados
en el caso Lo Poyo. A día de hoy, la urbanización
Torre del Rame se está construyendo.
El segundo es el caso Caso Ilka Baley, donde se acusa al alcalde
de irregularidad en la venta de suelo municipal. En
abril de 2005, el Partido Popular de Los Alcázares presenta
una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia contra el Ayuntamiento de la localidad
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por la presunta venta irregular de una parcela, propiedad
municipal, situada en zona de equipamientos hoteleros.
Aseguran que el Consistorio vendió a la sociedad Ilka Baley
una parcela de 7.000 metros cuadrados, e ingresó por la
operación 126.000 euros menos de los debidos porque el
arquitecto municipal certificó menos superficie de la real,
en concreto 6.412 metros cuadrados. En febrero de 2006,
el alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, declara ante el
Tribunal Superior de Justicia por los presuntos delitos de
falsedad documental y de fraude en las arcas municipales.
La parcela fue adjudicada por designación directa del equipo
de gobierno -después de haber quedado desierta en subasta-,
a una mujer que, casi de inmediato, designó como
titular a la mercantil Ilka Baley. En abril, la sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia no aprecia
indicios de delito en el alcalde de Los Alcázares, Juan
Escudero. La investigación judicial, dirigida por el Juzgado
de Instrucción número 2 de San Javier, había sido remitida
al TSJ por tratarse de Juan Escudero, que es diputado
regional y estar, por lo tanto, fuera de su competencia para
tomarle declaración. La Fiscalía pidió entonces al juzgado
de San Javier que continuara investigando.
El tercero es el caso Dorma Golf, donde se acusa nuevamente
de irregularidad en la venta de suelo municipal. En junio
de 2005, sale a la luz la creación de una sociedad, Dorma
Golf, dos días antes de la recalificación del paraje Torre del
Rame, en la que la administradora de la sociedad es cuñada
del arquitecto municipal. El Ayuntamiento no ingresó
el dinero debido, “faltaban” más de 64.000 euros, según
la acusación formulada por la oposición. En diciembre de
2005, la Fiscalía del Tribunal Superior de Murcia remite al
Juzgado número 2 de San Javier la denuncia del PP sobre la
venta de los terrenos municipales. Y en febrero de 2006 se
une a la investigación el Tribunal de Cuentas.
El cuarto caso surge en marzo de 2006, cuando la operación
Malaya comienza a salpicar a la Región de Murcia. Al parecer,
dos de las empresas de Roca habían realizado diversos
trabajos en el municipio. En junio, el TSJ de Murcia ordena
a la Policía que investigue las vinculaciones de la trama Malaya
con presuntos delitos en Los Alcázares. El auto iba dirigido
al comisario jefe de la Unidad de Crimen Organizado
(UDYCO) de la Dirección General de Policía, y se enmarca
en las querellas presentadas contra el alcalde Escudero y el
arquitecto municipal, entre otros.
El quinto caso está relacionado con la concejala de Medio
Ambiente, a la que en noviembre de 2006 se acusa de haber
compartido negocios inmobiliarios con algunas de las
principales promotoras de la localidad, como Urdemasa,
Grimanga y José Díaz García.
Toda esta batería de casos, y especialmente las conexiones
del caso Malaya con Los Alcázares, forzó a Juan Escudero,
alcalde desde hacía años en Los Alcázares, a renunciar a su