Versión completa - Fundación Alternativas

Clasificación cronológica de casos
en los convenios con particulares en los que se permitía la
edificación antes de las obras de urbanización.
ABC: 20 de junio de 2000 en página 16 y 21 de junio de
2000 en página 12.
El País: 26 de junio de 2001, página 4.
Caso el ingeniero de Pozuelo (1992-2000)
El ingeniero municipal de Pozuelo, Leopoldo Gómez,
evaluó presuntamente en los últimos años contratos que
ganó su socio en temas inmobiliarios, Mariano Sánchez
Tello. El País aseguró que el funcionario tenía empresas
privadas contratadas a dedo por el Ayuntamiento de
Madrid. El País, que fue el diario que más publicó sobre el
tema, aseguró que López recibió para su empresa propia,
Elmursa, numerosos contratos a dedo del Ayuntamiento
de Madrid, concretamente de la Empresa Municipal de
la Vivienda, para rehabilitar el centro, especialmente en
la época de Enrique Villoria, edil de Vivienda hasta 1995.
El Ayuntamiento de Pozuelo abrió una investigación en la
que la oposición aseguró que Gómez se había beneficiado,
además de los de la EMV, de tres contratos más del
Ayuntamiento capitolino y aseguró que el propio alcalde
pozueleño urgió al Ayuntamiento de Madrid por carta para
dar celeridad a una obra de un colector, concedida a Gómez.
La oposición remitió 14 contratos al Tribunal de Cuentas. En
2002, la Fiscalía de Medio Ambiente presentó una querella
por un supuesto delito de negociaciones prohibidas contra
Leopoldo Gómez, ya que el fiscal creyó que favoreció a tres
empresas, para las que lograría adjudicaciones por valor de
48 millones de euros.
El País: 20 junio de 2000 en página 5, el 22, el 26, el 27, el 4
de septiembre en página 3, el 11 en página 3, el 17 de octubre
en página 3, y el 23 de septiembre de 2002 en página 3.
ABC: 22 de junio de 2000 en página 15, 13 de septiembre
en página 102.
El Mundo: 22 de junio página 87.
Caso Navas. Corpa (1993)
La Audiencia Nacional condena a ocho años de
inhabilitación en cargo público al ex alcalde, independiente,
por corrupción, pues eximió a un vecino de la obligación
de presentar licencia de primera ocupación para hacer
el suministro eléctrico en una vivienda edificada sin
permiso municipal de obra. Éste es el segundo alcalde de
Navas inhabilitado por prevaricación en seis meses, pues
la alcaldesa entre 1995 y 1999 lo fue por no querer hacer
un pleno para debatir una moción de censura convocada
contra ella.
El País: 17 diciembre de 2002, página 3.
Caso prevaricación en Brunete (1994-1996)
El ex alcalde Julio Fernández, condenado por prevaricación
el pasado junio a siete años de inhabilitación, vuelve al
banquillo para ser juzgado, con otros ocho ediles, por
conceder entre 1994 y 1996 45 licencias de obra que
vulneraban el PGOU al amparo del PGOU de 1986, que
286
nunca se aprobó por la comunidad. Además, desde octubre
de 1996, la comisión de gobierno desapareció y las licencias
de obra mayor pasaron a ser concedidas por decreto del
alcalde, que otorgó, contra el PGOU de 1981, 20 licencias.
Finalmente, Fernández y seis ediles fueron condenados por
prevaricación por el Juzgado de lo Penal de Móstoles. En
2002 el Juzgado de lo Penal ratifica la condena.
El País: 9 de julio de 2001 página 3, 1 de agosto página 4, 19
de octubre de 2002 página 1.
Caso del alcalde de Quijorna (1995)
Un juez de Móstoles investiga una querella de la Fiscalía en
la que se imputan al alcalde de Quijorna, Florentino Serrano
Villena, varios delitos urbanísticos y supuestos tratos de
favor a constructoras a pesar de contar con informes en
contra del arquitecto y los sucesivos secretarios. El fiscal
pide al juez que investigue a los hijos y esposa del regidor.
En 2003, el Juzgado Número 2 de lo Penal de Móstoles
condena a siete años de inhabilitación para cargo público
por prevaricación por apropiación indebida. En 2003 tenía
una causa abierta en la Fiscalía por autorizar hacer casas en
vías pecuarias.
El País: 8 abril 2002 página 6, 17 de septiembre página 4.
La Razón: 17 septiembre página 18.
Caso Castañeras. Arroyomolinos (1995)
Simancas compró su chalé de Arroyomolinos en una
parcela que urbanizó la empresa de Vázquez. La finca Las
Castañeras, donde se ubica, estuvo operada por Euroholding
-relacionada con los Bravo-Vázquez- y el secretario compró
la vivienda a la sociedad CAM Vértice, que adquiere las
parcelas en el año 2000. El caso, tres años después de
aparecer publicado en ABC, es llevado por el PP a la Fiscalía
Anticorrupción.
ABC: 20 de junio de 2003 página 14, 15 de noviembre de
2006 página 51.
El Mundo: 15 de noviembre de 2006 páginas 1 y 2.
Caso Santos. San Lorenzo de El Escorial (1996-1997)
El ex presidente del PP en San Lorenzo de El Escorial y actual
gerente de Urbanismo en Las Rozas se ve implicado en unas
obras ilegales en un ático, pues al parecer una empresa de
la que es único administrador, Venta de Cerámica, hizo más
obras de las contempladas en la licencia. El Ayuntamiento
le puso una multa y él recurrió al Contencioso.
El País: 2 de abril página 4.
Caso Sanz Peinado. La Cabrera (1996-2000)
El PSOE acusa de prevaricación e incumplimiento de la
Ley de Incompatibilidades al secretario general técnico de
Justicia, Alejandro Sanz Peinado. Le acusan de, a través de
una sociedad familiar, comprar en 1996 a bajo precio un
terreno inedificable en La Cabrera –donde era alcalde por
el PP–. Según la oposición, Sanz inició los trámites para
recalificarlo y más tarde dejó de ser alcalde. Sin embargo, en
2000 se aprueba la calificación, y Sanz construye un hotel