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Madrid 123
la que es administradora única Isabel Martín Galán, esposa
del alcalde, que también fue administrador y es propietario
junto a su esposa.
A los pocos meses, concretamente el 16 de junio de este
mismo año, vendieron a una sociedad llamada La Jerra la
misma finca rústica por un precio de 1.517.569 euros. Sin
embargo, antes de vender la parcela, el alcalde dotó a este
terreno de conducciones de agua y electricidad, algo que
está prohibido al tratarse de una finca rústica. La obra exigió
levantar y cerrar una zanja en una carretera que es propiedad
de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil inició,
tras la petición del juzgado de Navalcarnero, una serie de
pesquisas después de que este juzgado abriera unas diligencias
previas tras una denuncia. El PP exigió al PSOE que
explicase cómo se había lucrado Tello y que se investigase
su patrimonio. Éste ha sido otro de los casos denunciados
por el PP ante Anticorrupción.
Caso Porto
El 3 de octubre de 2006, Enrique Porto, director general
de Urbanismo de la comunidad, dimite tras publicarse por
primera vez el escándalo en El País 22 días antes. Lo hace,
asegura, para defenderse con libertad y sin perjudicar a su
partido de las falsas acusaciones vertidas sobre su persona.
El 12 de septiembre, El País asegura que Porto autorizó planes
redactados para sus socios, y que subrogó sus contratos
como arquitecto privado en municipios madrileños a su
consultora, Plarquin, cuyas acciones vendió a otros socios.
O bien Plarquin como empresa o bien sus dueños -socios de
Porto- hicieron planeamientos presentados en Urbanismo,
ante los que Porto no se inhibió.
Tal es el caso de Los Pocillos, en Villanueva de la Cañada,
el caso más sonado. Porto aprobó en 2004 un plan parcial
que incluía 22.000 metros cuadrados, parte de los cuales
eran de su propiedad y parte de su sociedad Eclasol -compartida
con un concuñado del alcalde-. Porto redactó en
1999 el Plan de Urbanismo y en 2004, ya como responsable
de Urbanismo, dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban
su urbanización desde hacía un año. En enero de
1996, Porto y sus socios venden fincas por 4,3 millones de
euros, frente a los 87.000 euros que pagaron antes de la
recalificación -eran suelos rústicos- en 1999.
El 14 de septiembre, El País recoge las denuncias de los ecologistas
y PSOE, que recuerdan que los planes urbanísticos
de Moralzarzal, Guadarrama y El Molar, bloqueados por
el ejecutivo de Gallardón, fueron desbloqueados después
del nombramiento de Porto. Concretamente, en el caso de
El Molar, se le acusa de haber agilizado la tramitación del
plan del SAU 21, en cuyo planeamiento intervino Plarquin.
En octubre fue publicado que el Tribunal Superior llevaba
meses reclamando a la comunidad un expediente de revisión
de las normas subsidiarias del SAU 21 de Porto en El
Molar.
En este sentido, Porto ha autorizado, pues, planes urbanísticos
en Villanueva de la Cañada, Moralzarzal, Brunete
-donde el PSOE asegura que tiene intereses personales-
Moraleja de Enmedio y Ciempozuelos, redactados por Plarquin.
Pronto el escándalo salpicó al alcalde de Villanueva, Luis
Partida, pues El País aseguró que su esposa, arquitecta municipal
del pueblo, cobró del redactor del Plan de Los Pocillos,
José María Fernández del Río, que habría beneficiado
a Porto.
En relación a Los Pocillos, El País publicó que Porto eliminó
el veto de sus técnicos, al menos en una ocasión, para
beneficiar la recalificación de esta zona de Villanueva.
Pero no sólo eso. La maraña se enreda aún más cuando se
descubre que Alminar Villas, una sociedad familiar de José
Gil de Viedma, tío carnal de Esperanza Aguirre, ganó 2,1
millones de euros en la compraventa de terrenos en Villanueva
de la Cañada. También se conecta a los Gil de Viedma
con intereses en Tres Cantos.
Todo el caso Porto generó un aluvión de acusaciones entre
la oposición y el gobierno regional. Se llegó a pedir la dimisión
del consejero Zabía, y Aguirre se mostró dispuesta a
crear una comisión de investigación en torno al urbanismo
en la Asamblea, pero a nivel de toda la región, no sólo para
los municipios del PSOE. El 11 de octubre se rechaza crear
una comisión sobre los desarrollos en los que participó Porto
gracias a los votos del PP en la Asamblea.
El 6 de noviembre el PSOE denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
el caso Porto, tras haber rechazado el ex alto cargo
comparecer en la Asamblea.
Caso Porto
El enésimo escándalo urbanístico en la región lo destapa el
diario El País. El periódico asegura que el ex concejal del PP
en el municipio, en septiembre de 2004, amagó fugarse al
grupo mixto y votar contra un plan del gobierno municipal
-del PP y la agrupación Tres Cantos Unido- para ceder la gestión
del PGOU a FCC. No llegó a hacerlo, pero dimitió como
edil antes de que se aprobase el PGOU. Cortés sospechaba
del contrato. Cuando se aprueba el nuevo Plan del pueblo,
en 2003, en un primer momento se estudió que un consorcio
público gestionase su desarrollo mediante la expropiación de