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Murcia 141
del trabajo de Peñalver, el Colegio de Arquitectos de la
Región de Murcia denuncia en abril ante la Fiscalía del
TSJ que Joaquín Peñalver respaldó proyectos haciendo
valoraciones de suelo a la baja. Presenta para ello un
demoledor informe en el que se asegura que Peñalver
informaba favorablemente proyectos ilegales, favorecía
a su familia, se ensañaba con proyectos presentados por
otros compañeros, se apropiaba de trabajos de otros…
Ante el escándalo suscitado por la denuncia, el PSOE
exige la dimisión del alcalde, Miguel Ángel Cámara, al
entender que las ilegalidades de Peñalver favorecían a
los amigos de Cámara. Peñalver es apartado de su cargo.
La Fiscalía del TSJ de Murcia abre diligencias, mientras
Peñalver dice encontrarse tranquilo porque nada de lo
que le acusan es cierto. Por su parte, la Dirección de
la Gerencia realiza una inspección para comprobar las
acusaciones.
En mayo, el Colegio de Arquitectos vuelve a presentar a
la Fiscalía nuevos informes que demuestran que el despacho
del padre y el hermano de Joaquín Peñalver tramita
más del 80% de todos los proyectos urbanísticos
del municipio, entre otras irregularidades.
A principios de 2007, los desarrollos urbanísticos de
la zona norte de la ciudad volvieron a enfrentar a gobierno
y oposición al hacer público el PSOE un informe
elaborado por los colegios de arquitectos españoles
que desvela, tras hacer una valoración de la edificabilidad
de uno de los convenios de la zona norte suscrito
por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur,
Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia
dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126
millones de euros. El estudio fue elaborado en su día
por el entonces jefe de Planeamiento de Urbanismo,
Joaquín Peñalver, y corroborado por la Gerencia. Unos
días más tarde, aseguran que a eso hay que sumarle
más de 500 millones que, por el mismo motivo y en
otros tres convenios de la zona norte, dejará de ingresar
el Ayuntamiento. Afirman que en todos los casos
analizados, la valoración realizada en su día por el entonces
jefe de Planeamiento de Urbanismo, Joaquín
Peñalver, asumida por la Gerencia, estableció un valor
unitario de 120 euros por cada metro cuadrado de edificabilidad
que adquirían los promotores, “mientras el
valor de mercado demostrado por la empresa Arquitasa
sobrepasa los 630 euros por cada metro cuadrado
de edificabilidad”.En total, esos cuatro convenios
con varias promotoras les permitirán construir 20.000
viviendas donde estaban previstas 4.000, en la zona
norte de la ciudad.
El asunto sigue en los tribunales.
Urdemasa y Peinsa
Afecta al municipio de San Javier, donde gobierna el PP, y
donde se acusa a su alcalde de incompatibilidad y prevaricación.
En marzo de 2006, salta a la luz que el alcalde de San Javier,
José Hernández Sánchez (PP), forma parte de una sociedad
constructora junto a dos de los principales promotores del
Mar Menor: Santiago Martínez Esparza, propietario de la
firma Urdemasa, y Juan Gracia Jiménez, dueño de la mercantil
Peinsa. Junto a ellos, y también en calidad de socio
mancomunado, figura el arquitecto valenciano Javier Gea
Martínez.
Urdemasa y Peinsa son dos empresas con importantes intereses
en San Javier. La primera se ha adjudicado numerosas
obras públicas (entre ellas, la construcción del nuevo
edificio consistorial, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca
municipal y el centro de día de la tercera edad en
el Mirador), y además es propietaria de una parte del plan
parcial Roda Golf & Beach Resort (1.700 viviendas y campo
de golf). La segunda promueve a su vez una importante
urbanización, Señorío de Roda, que contempla la construcción
de unas 300 viviendas.
A finales de ese mismo mes, el secretario del Ayuntamiento
de San Javier, Alberto Nieto, admite que “el alcalde no reconoció
en las comisiones que tuviera sociedades ni amistad
con los constructores” a la hora de votar los proyectos
presentados en el Ayuntamiento por los empresarios con
los que está asociado en la mercantil Nueva Valencia al
Mar. Urdemasa se ha visto favorecida en los últimos años
por al menos tres modificaciones de contrato en otras tantas
obras públicas que le habían sido adjudicadas, y que le
han reportado más de dos millones de euros adicionales. El
secretario general del PP le solicita al alcalde un informe
jurídico sobre su actuación respecto a las obras adjudicadas
por el Ayuntamiento que preside a dos empresarios de los
que él es socio.
Ante la gravedad de los hechos, el fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia abre en mayo diligencias informativas
sobre el caso para determinar si hay delito. En ese mismo
mes, Hernández sigue sin atender a la petición que le hizo
hace casi un mes el secretario general del PP.
No es hasta junio cuando el alcalde de San Javier lee una
declaración pública en la que reconoce que es socio de los
dueños de Urdemasa y Peinsa, dos constructores con actividad
en el municipio, en una tercera sociedad denominada
Valencia al Mar.
El PSOE, indignado por la situación, la califica de inmoral e
ilegal y presenta en noviembre una querella contra el alcal-