Versión completa - Fundación Alternativas

Cataluña 265
oposición pide la dimisión del alcalde por haber ocultado
información. Y es que el ahora ex concejal de Urbanismo
posee el 50% de las acciones de una de las promotoras de
Terres Cavades (el otro 50% es de su hermano). El alcalde
niega saber la información. Por otra parte, sale a la luz que
el senador convergente Lluís Badia, también ex concejal,
había comprado dos fincas en Terres Cavades por 360.000
euros, que vendió en 2002 por 4,4 millones de euros. Poco
después, el Departamento de Gobernación de la Generalitat
emite un informe en el que declara ilegales los trámites del
proyecto. En medio de la polémica, los vecinos de Terres
Cavades denuncian ante el fiscal al ex concejal Fernández y
al senador Badia por tráfico de influencias y prevaricación.
Finalmente, el gobierno catalán anula la aprobación
del proyecto al creer irregular el voto del ex concejal de
Urbanismo. Ante esta resolución, el alcalde Nadal, que
no piensa dimitir de su cargo, decide repetir la votación
sobre Terres Cavades sin la intervención del ex concejal
Àngel Fernández. Pero la Generalitat declara nulo de pleno
derecho todo el proyecto de urbanización de la zona de
Terres Cavades y, en marzo de 2005, todos los partidos
del Consistorio de Tarragona deciden por unanimidad dar
marcha atrás al polémico plan. A mediados de abril de 2005,
el juez admite a trámite la querella criminal interpuesta por
una veintena de ex propietarios de los terrenos adquiridos
por la promotora para realizar las obras (estos confiesan
que fueron presionados y amenazados para vender sus
fincas) y también cita a declarar a 11 personas como
imputadas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho,
falsedad y estafa. Durante el proceso judicial, mediante el
cual los propietarios pretenden recuperar los terrenos, se
añade otra denuncia presentada por la Fiscalía, que abrió
una investigación de oficio en septiembre y ha advertido
indicios de delito en los imputados. Una vez finalizada la
instrucción del caso, el equipo de gobierno de Tarragona
(CIU y PP) mantiene el polémico proyecto después de una
revisión del POUM.
El Periódico de Catalunya (18/07/2004, 4/08/2004,
22/08/2004, 24/09/2004, 1/10/2004, 14/10/2004,
9/11/2004, 25/11/2004, 1/12/2004, 31/12/2004,
07/01/2005, 21/01/2005, 09/02/2005, 05/03/2005,
20/04/2005, 22/06/2005, 11/02/2006, 24/05/2006,
04/07/2006, 16/07/2006 y 31/12/2006)
El País (01/10/2004, 20/05/2005, 22/06/2005,
16/07/2005, 20/09/2005, 15/10/2005 y 01/11/2005)
Crisis del 3%. Barcelona (14/03/2005)
El escándalo del 3% aparece a raíz del socavón causado por
las obras del metro en el barrio barcelonés del Carmelo. En
un pleno del parlamento catalán sobre los derrumbes, el
presidente, Pasqual Maragall, se defendió de las acusaciones
de CiU y afirmó, prácticamente sin venir a cuento, que este
partido tenía un problema llamado 3%, en alusión a un
rumor de que la formación de Artur Mas cobró comisiones
por la adjudicación de obras cuando dirigía la Generalitat.
Mas amenazó con dejar solo al gobierno tripartito con la
elaboración del Estatut, lo que habría impedido sacarlo
adelante. Por ello, Maragall, por conveniencia política, tuvo
que dar marcha atrás y retractarse de lo dicho. Después de
lanzar el escándalo y despertar la inquietud de los catalanes,
pacto de silencio y a seguir como si nada.
La Vanguardia (14/03/2005 y 25/04/2005)
El País (04/04/2005, 21/04/2005, 03/05/2005,
13/05/2005 y 01/06/2005)
El Periódico de Catalunya (04/06/2005)
Caso ADIGSA. Barcelona (04/01/2006)
El fiscal presenta una querella contra dos ex directivos de la
empresa pública ADIGSA y otras seis personas por cobrar
comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas
(reforma y rehabilitación de pisos cuyo coste se aumentaba
en un 20%) entre los años 2002 y 2004. El juzgado la
admite a trámite. Durante el juicio, uno de los imputados,
José María Penín, implica a Felip Puig y a Oriol Pujol
Ferrusola como conocedores de las ilegalidades. Además,
dice que muchos de los pisos que se rehabilitaban venían
de una inmobiliaria de Pujol Ferrusola. Otro imputado, el
ex consejero de ADIGSA, Josep Antioni Capdevila, declara
que desconocía las presuntas irregularidades e implica al
presidente de la compañía, Ferran Falcó, al comentar que
fue él quien le propuso que ADIGSA contratase a José
maría Penín, pariente de Felip Puig. Por otra parte, el ex
gerente de ADIGSA, Jordi Huguet, al que varios imputados
señalan como el responsable que ordenó las comisiones,
declara que no era él quien lo controlaba sino un arquitecto
técnico ya fallecido en el que había delegado las funciones
de supervisión. A finales de junio, Penín vuelve a declarar,
exculpa a Felip Puig de las irregularidades y culpa, como
Huguet, al arquitecto fallecido. En septiembre dos cargos
de ADIGSA declaran ante el juez y afirman haber visto
irregularidades en la gestión de Penín. Ambos explican que
de las 132 viviendas investigadas, 60 las gestionaba Penín
de forma totalmente atípica. Entre las irregularidades
observadas por ambos cargos destaca que había
presupuestos sin memoria previa o pliego de condiciones.
Los testigos también consideran raro que las gestiones de
control de las constructoras las hiciera Penín, que no era
técnico.
La Vanguardia (04/01/2006)
El Periódico de Catalunya (11/02/2006, 24/03/2006,
11/05/2006, 26/05/2006, 14/07/2006 y 24/11/2006)
El País (14/07/2006)
Cese cargos. Salou (04/09/2006)
El Tribunal de Cuentas investiga en Salou el cese de dos
cargos (interventor y tesorero) que habían alertado al equipo
de gobierno de que varias recalificaciones urbanísticas no
se ajustaban, según su criterio, a la legalidad. Uno de esos
proyectos consistía en la construcción de un geriátrico, en
el que entre los socios promotores figuraba la esposa del
secretario municipal. Según el Ayuntamiento, el edificio no