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Mapa por comunidades autónomas
ganó peso para los socialistas cuando supieron que el terreno
había sido adquirido por la empresa pública de transporte
Unauto por 1,2 millones de euros con el fin de construir
un aparcamiento para autobuses y un hotel. Como el
proyecto fue rechazado, en el año 2004 lo vendieron por 4,2
millones de euros a la misma empresa, que vio cómo se les
aprobaba un proyecto para construir viviendas.
Fuensalida
Toledo
El pasado mes de noviembre, la Fiscalía de Toledo ordenó
al Juzgado de Torrijos incoar diligencias previas contra el
alcalde del municipio toledano de Fuensalida, Víctor Manuel
Fernández (PP), por un supuesto delito de prevaricación,
malversación de caudales públicos y coacción, después
de que el ex secretario de Ayuntamiento, José Manuel
Ballesteros, denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción la
“corrupción generalizada del Consistorio”.
Ballesteros, que trabajó en Fuensalida entre septiembre y
diciembre de 2005, acusó al alcalde de ejecutar compraventas
ilegales de terrenos, conceder licencias urbanísticas
en contra de la ley, llevar a cabo contrataciones públicas
irregulares y denegar bonificaciones a ciudadanos “de otra
cuerda” sin motivo aparente, además de haberle coaccionado
por no avalar su política urbanística. Aunque, sin duda,
la acusación más grave aludía a una supuesta operación urbanística
fraudulenta en la que el alcalde habría recalificado
de rústicos a urbanizables 10 millones de metros cuadrados
de terreno de su propiedad. El alcalde de Fuensalida se
defendió de unas acusaciones que ignoraba, ya que a fecha
16 de noviembre de 2006 no había recibido documentación
alguna de la Justicia. Por ese motivo, no se había querellado
aún contra el ex secretario, aunque manifestó su firme
intención de ir a los tribunales.
Mientras tanto, los concejales del PSOE e IU en el Ayuntamiento
de Fuensalida pidieron al alcalde de la localidad que
aclarase públicamente que la querella presentada lo imputaba
sólo a él y a los concejales que presuntamente intervinieron
en los hechos, pero no al resto de la corporación.
El caso rebasó las fronteras del municipio y alcanzó el ámbito
regional. La presidenta del PP y candidata a la Presidencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
María Dolores de Cospedal, defendió la presunción de inocencia
del primer edil de Fuensalida, aunque insistió en que
la posición de su partido es la de tener “tolerancia cero” con
los cargos políticos relacionados con cuestiones delictivas.
El PSOE no permaneció ajeno a esta cuestión y aprovechó
para pedir al Partido Popular la misma contundencia que
exigía a los demás, aludiendo claramente a la batalla política
mantenida por ambos en torno al caso de Seseña.
Vega Baja (Toledo)
Crónica anunciada del hallanzgo de unos restos
El único concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Toledo (PP) reclamó en el mes de septiembre la actuación
de la Fiscalía de la Audiencia de Toledo para aclarar un presunto
caso de tráfico de información privilegiada relacionado
con la adjudicación y venta de parcelas de la Vega Baja a
Cartera Nueva de Santa Teresa, socio privado de la empresa
municipal Vega Baja, que vendió sus terrenos unos días antes
de que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista
José María Barreda, anunciara la paralización del proyecto
a causa de hallazgos arqueológicos en la zona.
El denunciante, que pidió también la creación de una comisión
de investigación municipal –petición que fue rechazada
por el pleno– consideró “escandaloso” que Cartera Nueva
de Santa Teresa –integrada por Caja Castilla-La Mancha,
Caja Rural de Toledo e Iberdrola– consiguiera entrar en la
EMVB aportando 45 millones de pesetas cuando el terreno
ya había costado al Ayuntamiento 3.600 millones; que se
le adjudicaran “sin concurso” tres parcelas valoradas en 10
millones de euros y que pocas horas antes del anuncio de
paralización las vendieran por 16 millones de euros, obteniendo
un beneficio del 60%. Estas circunstancias llevaron
a IU a calificar esta operación como “el mayor pelotazo de la
historia de Toledo”. En los mismos términos se pronunció
la Plataforma Ciudadana Vega Baja, que no descartó acudir
a la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, ésta no ha sido la única “mancha” en el expediente
de la Vega Baja, un proyecto salpicado de irregularidades
que comenzó a gestarse cuando en 1998 el Ayuntamiento
de Toledo, regido por el popular Agustín Conde,
acordó con el Ministerio de Defensa la compra de los terrenos
por 3.637 millones de pesetas. Aquella corporación
elaboró un primer proyecto para construir 970 viviendas,
que obtuvo el respaldo de la Consejería de Obras Públicas.
Sin embargo, su sucesor y actual alcalde de Toledo, José
Manuel Molina, redactó otro –en colaboración con el PSOE
municipal– que contemplaba la construcción de 1.300 viviendas,
un centro comercial y un gran pasillo verde de
unión entre la zona nueva y la ya construida en la ribera
del Tajo.
La reforma del proyecto trajo consigo los primeros problemas
cuando el Consejo Consultivo emitió un informe
dudoso y Consejería de Obras Públicas aplazó la firma.
Sin embargo, en octubre de 2003, el alcalde y el entonces
presidente de la región, José Bono, firmaron un acuerdo
para solventar los problemas que bloqueaban el proyecto.
Ya entonces se escuchaban voces discordantes que advertían
de la riqueza arqueológica de los terrenos y criticaban
la displicencia con que las autoridades estaban tratando
este problema. No hizo falta excavar mucho para que apa-
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