Versión completa - Fundación Alternativas

Mapa por comunidades autónomas
mayoría absoluta Ignacio Galipienzo (UPN) exigieron
públicamente su dimisión por la concesión de la licencia
para construir el apartotel.
Además, el concejo de Badostáin pidió al Ministerio Fiscal
que investigara a Ignacio Galipienzo. La base de su
petición era un informe jurídico elaborado por el abogado
Pablo Ibáñez Olcoz en el que se estudiaron diversas
actuaciones urbanísticas en el valle entre los años 2001 y
2003, a las que califica “si quiera sea de forma indiciaria
como irregulares”.
UPN abrió un expediente al alcalde de Egüés para investigar
su gestión y patrimonio y forzó su dimisión. Por
su parte, la fiscalía abrió diligencias para investigar la
gestión urbanística de Galipienzo y el aumento de su patrimonio.
La juez llamó a declarar como imputado al ex
alcalde Galipienzo y a su mujer.
La Cámara de Comptos confirmó que hubo irregularidades
en la gestión de Galipienzo y detectó anomalías
en los 10 expedientes examinados. Mientras, en el Parlamento
de Navarra se creó una comisión para investigar
el caso Egüés.
En cuanto al caso Orkoien, la Fiscalía investiga la adjudicación
irregular de VPO en Orkoien, municipio gobernado
por Izquierda Unida, y la policía ha apreciado
indicios de delito en el alcalde y tres miembros de Aranade,
promotora privada que gestionó de 1998 a 2005
el urbanismo del pueblo a través de una sociedad municipal,
Iturgain, cuyo consejo de administración preside
el alcalde y forman cuatro concejales, tres de IU y uno
independiente. Los posibles delitos son prevaricación,
falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos.
En junio de 2005, la Cámara de Comptos detectó la adjudicación
irregular de la gestión urbanística y a principios
de 2006, el alcalde, Casimiro Larrea (IU), afirmó en un
pleno que se habían adjudicado VPO a dedo.
El Departamento de Vivienda del gobierno de Navarra
anunció que revisaría las adjudicaciones de pisos de VPO
en Orkoien, mientras que IU sostenía que la afirmación
de su alcalde en un pleno de que adjudicó viviendas “a
dedo” fue sólo ironía. UPN, PSN, Aralar y CDN exigieron
al alcalde de Orkoien que asumiera la responsabilidad
política derivada de su proceder en el proceso de adjudicación
de 261 viviendas sociales y le pidieron en el Parlamento
de Navarra la dimisión de su cargo.
El resto de casos ha sido recogido de forma más puntual
por la prensa. Algunos de ellos muestran más claramente
un cariz de posible corrupción, mientras que en otros
parece imperar más la ineficacia en la gestión urbanística.
No faltan tampoco casos relacionados con el habitual
rifirrafe propio de los partidos políticos, que se mezcla
con insinuaciones o, incluso, con claras acusaciones de
corrupción.
También es destacable el activo papel de control y fiscalizador
que juega la Cámara de Comptos en Navarra a la
hora de investigar y detectar posibles casos de irregularidad
o mala gestión económica en los ayuntamientos, así
como las irregularidades técnicas de actuación y procedimiento
que se producen en algunos consistorios.
Así, nos encontramos con casos como el de Azagra, en el
que presuntamente se contratan obras sin presupuesto,
o el de Aras, en el que se denuncian ilegalidades, como
gastos desproporcionados, ausencia de actas, etc. Mientras,
en Peralta, se pone en evidencia una recalificación
que beneficiaría a familiares del alcalde.
En Corella, la prensa habla del desvío de pagos de unas
obras a otras, mientras que en Puente La Reina se denuncian
irregularidades en contratación y urbanismo,
así como falta de transparencia. En Burlada, vuelven a
ser los defectos formales, esta vez en un proyecto de reparcelación,
los que llevan a los tribunales a anularla.
Los casos de Ansoain y del Canal de Navarra pueden tener
un mayor cariz de crítica y enfrentamiento político
entre partidos. En el primero, el Ayuntamiento de Ansoain
denuncia que el gobierno de Navarra está frenando
el desarrollo de las promociones de viviendas previstas
en esta zona y priorizando otras. En el Canal de Navarra,
las críticas, por parte de un partido político, se centran
en el sobrecoste de las obras.
En el caso de la sociedad pública Sodena y el ex director
general de Turismo del Gobierno navarro, que se implican
en un negocio para promover hoteles rurales, se escuchan
acusaciones de competencia desleal por parte de
los profesionales del sector.
Por último, el parking de la Plaza del Castillo de Pamplona
constituyó un caso peculiar, ya que fueron los vecinos
los que tomaron la iniciativa, presentando una denuncia
contra el ayuntamiento por prevaricación y delitos de orden
urbanístico y arqueológico.
146