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Canarias 47
fallecido José María Oyarbide el pago de 45 millones de pesetas
a cambio de acelerar la obtención de unas licencias en
el Ayuntamiento que regía.
Cazorla fue detenido junto al empresario vasco en el aeropuerto
de Fuerteventura el 23 de abril de 2002; semanas
antes, el 4 de marzo de 2002, se produjeron los hechos
delictivos. Se consideró probado por el jurado popular que
Cazorla había mantenido una conversación ese día con
Oyarbide en la que este último se comprometía a darle una
cantidad de dinero. Durante el juicio, Cazorla negó que este
dinero fueran comisiones ilegales y aseguró que se trataban
de cobros a favor de las arcas municipales ajustadas a la
realidad. El caso surgió a raíz de la denuncia de José Joaquín
Díaz, después de que a éste se le exigieran 12 millones
de pesetas para agilizar una licencia en enero de 2002.
El caso causó revuelo informativo entre la población isleña.
Además, al día siguiente a la detención de Cazorla y Oyarbide,
se produjeron nuevas detenciones. La denuncia de José
Joaquín Díaz abrió el proceso en enero de 2002 y, después
de las escuchas, en abril de ese mismo año se produjeron
las detenciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la
sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran
Canaria de un año y seis meses de prisión, seis años de inhabilitación
especial para empleo o cargo público y una multa
de 45 millones de pesetas (270.455,55 euros). El ex alcalde
pidió en diciembre de 2006 un nuevo juicio sólo para él debido
a que el jurado no fundamentó su decisión.
comisiones por adjudicaciones millonarias. Junto a estos
detenidos también había empresarios, entre ellos Abelardo
Martínez, delegado en Canarias de Dragados y Construcciones.
Desde las primeras detenciones hasta las últimas en el mes
de noviembre, donde fueron detenidos cinco concejales, entre
ellos el alcalde, el municipio se ha limitado a cambiar
los cargos. Sin embargo, en el primer periodo, el grupo de
Gobierno, que más tarde sería detenido en pleno, planteó
varias denuncias contra el anterior Gobierno municipal
acusándolo de una serie de irregularidades en licencias urbanísticas,
en la concesión de grúas, etc.
Se planteó en un momento concreto solicitar la creación de
una gestora, aunque finalmente el Gobierno canario rechazó
pedirla.
Desde las primeras detenciones, y a medida que el caso iba
avanzando con nuevas detenciones, los vecinos han salido
a la calle en varias ocasiones para manifestarse ante la situación
que vive el Consistorio. La reacción del PP ha sido
suspender de militancia a sus cargos, aunque recordando
la posible relación que hay entre estos casos y el hecho de
que el anterior ministro de Justicia, Juan Fernando López
Aguilar, sea candidato socialista al Gobierno canario.
La denuncia de un empresario en julio de 2005 inició la investigación
judicial.
El Cotillo
Caso Faycán
Telde (Gran Canaria) estaba gobernado por el Partido Popular
y un concejal del partido local Ciuca.
De momentos hay 26 imputados por el cobro de comisiones
ilegales por la adjudicación de obras públicas en el Ayuntamiento
de Telde. María Antonia Torres, concejal de Obras
Públicas, fue la primera en ser detenida el 1 de marzo junto
a varios empresarios y su marido, interventor municipal.
Desde esa fecha, las detenciones han ido sucediéndose:
Candelaria Sánchez (aguas), Guadalupe López (festejos),
Francisco Valido (alcalde), María del Carmen Castellano
(desarrollo local y también presidenta del PP local), José
Suárez (depósitos), Sonsoles Martín (educación), Carmelo
Julián Oliva (hacienda), Domingo Ramírez (servicios municipales).
Uno de los detenidos, Francisco Gordillo, asesor
de Torres, afirmó, al igual que otro empresario, que el dinero
de las comisiones se destinaba a financiar el partido. El
presidente que sustituyó a Castellano al frente del PP local
fue el último detenido. José Luis Sánchez se convirtió así
en el imputado número 26. La red exigía presuntamente a
los empresarios que querían construir en el municipio unas
La Oliva (Fuerteventura). Partido Popular.
El alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, fue denunciado
junto a la empresa Solmiplaya S.L., actualmente
Oliva Oceánidas S.L., por las obras que se realizaban en El
Cotillo en un espacio natural y que contemplaban la edificación
de cinco hoteles de lujo, además de varias villas y
un campo de golf. Ante una primera sentencia favorable al
Cabildo y en contra del plan del anterior grupo de Gobierno
popular, la compañía Oliva Oceánidas S.L., propietaria de
los terrenos donde tenía pensado construir los complejos
hoteleros, presentó un recurso contra las resoluciones del
Cabildo que en su día denegaron las autorizaciones para la
construcción. La sentencia posterior del TSJC establece que
El Cotillo no se podrá urbanizar siguiendo el plan de ordenación,
redactado por el anterior grupo de gobierno de La
Oliva, por encontrarse fuera de la ley. A pesar de no contar
con el visto bueno del Cabildo de Fuerteventura, la anterior
corporación liderada por Domingo González Arroyo recaudó
las tasas e impuestos derivados de las licencias, que
según fuentes del Ayuntamiento podrían ascender a 1.100
millones de las antiguas pesetas que ya no están en las arcas
municipales.