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La Rioja 111
Cuarteles y El Cubo, para la construcción de viviendas,
que fue recurrida en los tribunales por la Asociación de
Empresarios de la Construcción. La patronal, que ya recurrió
el pliego municipal de condiciones que sirvió para
adjudicar estos terrenos, pedía su suspensión cautelar
por entender que se produjo arbitrariedad y manipulación
en las mismas. El TSJR declaró disconforme a
derecho el concurso municipal para pisos protegidos de
Excuevas y El Cubo.
En otro orden de cosas, el Tribunal de Cuentas decidió
archivar la denuncia presentada por el PSOE contra el
Ayuntamiento de Logroño por la venta del aparcamiento
subterráneo de la plaza de la Paz, que los socialistas
consideraban contraria a los intereses municipales. Tras
conocer la decisión del tribunal, el PSOE estudiaba la
posibilidad de trasladar el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa,
ya que sigue sin ver razonable
“que la concesionaria compre las plazas por 600 euros,
cuando las venderá por 14.000”.
Otros casos recogidos por los medios de comunicación
son el informe redactado por un inspector del Ayuntamiento
logroñés, donde daba por ejecutadas unas obras
en un edificio de Logroño que no se habían llevado a
cabo; la denuncia del concejal socialista Vicente Urquía
de que las instalaciones del campo de golf de La Grajera,
inauguradas en octubre de 2003, carecían de licencias
municipales; y el funcionario de Vivienda víctima de mobbing
que, según el PP, “se había hecho” con cuatro pisos
de protección oficial.
También destacan las acusaciones que realizó en 2005
el consejero de Vivienda, Antonino Burgos, al Ayuntamiento
de Cirueña, gobernado por el PSOE, de pretender
especular con su suelo y abortar los planes del Irvi
para construir 16 viviendas de protección en la localidad;
la apertura de la ampliación del servicio de Urgencias y
del equipo de resonancia magnética del Hospital San Millán,
que se realizó antes de llegar la licencia correspondiente;
las presuntas irregularidades denunciadas por el
PSOE en la adjudicación del Casino de La Rioja (que fueron
archivadas por la Fiscalía); y la incompatibilidad en
que incurrió el jefe de Vivienda de la Consejería de Obras
Públicas del gobierno riojano en 2001, Jesús de Pablo, a
quien se abrió expediente por desempeñar su cargo público
y ejercer como constructor, y al que la Comunidad
Autónoma decidió sancionar con dos años de suspensión
de empleo y sueldo.
Estudio de los
presuntos supuestos
de irregularidades
urbanísticas más
relevantes.
A continuación, se reseñan las noticias que se han considerado
más llamativas sobre presuntos supuestos de irregularidades
urbanísticas, sin prejuzgar sobre su verdadero
carácter y alcance. No se pretende denunciar a nadie,
sino simplemente llamar la atención sobre algunas de las
informaciones aparecidas en medios de comunicación. Se
incluyen también presuntas irregularidades que han sido
desestimadas por los tribunales, pero que, en su momento,
tuvieron repercusión pública.
Caso Ladero
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Lardero, gobernado por el PP.
Breve descripción del asunto.
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ordenó el
derribo de dos edificios, uno de 43 viviendas y otro de algo
más de 30, promovidas por una sociedad participada por el
alcalde, Pedro Vallejo (PP). El primer edificio, Alfil, para el
que se ordena el derribo parcial, se edificó con una licencia
municipal ilegal y sus aprovechamientos fueron modificados
por un estudio de detalles que el propio TSJR anuló.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
El Ayuntamiento recurrió las sentencias.
Descripción de la actuación autonómica.
El secretario general del Partido Popular de La Rioja, Carlos
Cuevas, afirmó que el gobierno regional “actuó correctamente”
en todo lo referente a la construcción del edificio Alfil, del
municipio de Lardero, que el Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja ha ordenado que sea derribado.