Versión completa - Fundación Alternativas

Castilla y León 75
Estudio de los
presuntos supuestos
de irregularidades
urbanísticas más
relevantes.
A continuación, se reseñan las noticias que se han considerado
más llamativas sobre presuntos supuestos de irregularidades
urbanísticas, sin prejuzgar sobre su verdadero
carácter y alcance. No se pretende denunciar a nadie,
sino simplemente llamar la atención sobre algunas de las
informaciones aparecidas en medios de comunicación. Se
incluyen también presuntas irregularidades que han sido
desestimadas por los tribunales, pero que, en su momento,
tuvieron repercusión pública.
Para la elaboración del resumen de cada supuesto, se han
tenido en cuenta los siguientes criterios:
a) Municipio y partido político que gobernaba cuando
acaecieron los hechos.
b) Breve descripción del asunto.
c) Descripción de la actuación municipal (no hicieron
nada, paralizaron la obra, ocultaron información,
etc...).
d) Descripción de la actuación autonómica.
e) Descripción de la actuación de las asociaciones y
vecinos (manifestaciones, denuncias, etc...).
f) Actuación de la administración de justicia (se iniciaron
procedimientos penales o contencioso-administrativos,
la Fiscalía intervino, etc...).
g) Si es que hubo una resolución administrativa o penal,
¿cuál fue? ¿Se ha ejecutado?
Zamora
Caso Zamora
Los hechos ocurren en Zamora desde finales de los años
ochenta hasta finales de los noventa, cuando en la Diputación
y en la Junta gobernaba el Partido Popular.
No se ha podido saber qué partido estaba al frente del
Ayuntamiento durante esta época porque se trata de un
largo periodo de tiempo. En cualquier caso, no es especialmente
relevante ya que el caso se refiere a la relación de varios
constructores con la Diputación en la adjudicación de
obras que eran únicamente de su competencia. Se trata de
un supuesto caso de prevaricación por el cobro de comisiones
por parte de la Diputación de Zamora (PP) a cambio de
adjudicar ciertas obras y servicios (algunas fuera del ámbito
urbanístico).
Las primeras denuncias se realizaron en 1997, pero durante
2000 los medios siguen el proceso de diligencias previas
que se lleva a cabo en el Juzgado de Primera Instancia de
Instrucción nº 4 de Zamora. También se investigó la supuesta
financiación ilegal del partido, entonces Alianza Popular,
durante la campaña electoral de 1987.
Empresarios de la provincia y altos cargos del PP fueron
imputados en el caso. El 14 de septiembre de 2000, una
sentencia de la Audiencia Provincial condena a un año de
prisión, tres de inhabilitación y una multa de 210.000 pesetas
al ex presidente de la Diputación Antolín Martín por un
delito de “infidelidad en la custodia de documentos públicos”
por haber perdido un informe cuando era presidente
del órgano provincial de gobierno. Él parece ser el único
condenado en este caso ya que, tras muchos meses de pesquisas
en una instrucción en la que se acabaron acumulando
60.000 folios y múltiples declaraciones, dimisiones y
citaciones judiciales, el caso Zamora se archivó a mediados
de junio de 2002 sin que, finalmente, se acabara sacando
nada en limpio.
La Junta y el Ayuntamiento de la localidad se mantuvieron
al margen de este asunto y los vecinos tampoco realizaron
ningún tipo de movilización.
Burgos
La Camposa
El caso del solar de la Camposa ocurre en Burgos cuando en
el gobierno municipal, provincial y autonómico se encuentra
el PP en el poder.
A finales de junio de 2004, el TSJ dicta una sentencia en
la que se anulan los proyectos de actuación y urbanización
en el solar de la Camposa, en una de las laderas del parque
del Castillo, donde pensaban construirse 57 viviendas, por
“atentar contra el entorno por la altura prevista en las edificaciones
y por su impacto en la ladera del Castillo”. Pese
a este pronunciamiento judicial, la promotora comenzó las
obras de desmonte el 19 de agosto de ese mismo año.
Ante este hecho, los vecinos comienzan a protestar enérgicamente
alegando falta de seguridad en el perímetro
del solar, constituyen la plataforma Salvemos el Castillo y