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Mapa por comunidades autónomas
solicitan al TSJ la paralización de las obras. Mientras, el
Ayuntamiento interpone un recurso de casación ante esta
sentencia, en la que asegura que no se decretaba la paralización
de las obras, y alega que estas actuaciones están
contempladas en el PGOU.
A raíz de las protestas, las obras se suspenden y a finales
de agosto el alcalde propone la permuta de los terrenos por
otros como solución al problema. Finalmente, esta opción
es rechazada por el elevado coste que supondría, cifrado
en 2.000 millones de pesetas. Así, continúan las movilizaciones
de la plataforma popular recogiendo firmas, convocando
concentraciones y manifestaciones, realizando una
plantación simbólica de árboles… Los vecinos se reúnen
también varias veces con el alcalde pero no llegan a ningún
acuerdo. En este contexto, las obras se reanudan de nuevo
el 6 de septiembre, lo que provoca que varios desconocidos
coloquen un cóctel molotov en una de las máquinas. Al
día siguiente de este suceso (que fue condenado por la plataforma),
el 13 de septiembre, el TSJ dicta la paralización
cautelar de las obras y el 17 de septiembre el Ayuntamiento
presenta un recurso de súplica ante esta providencia.
De nuevo, el 28 de septiembre, el TSJ ordena la paralización
de las obras por considerarlas ilegales hasta que se
pronuncie el Tribunal Supremo. Aún se está a la espera de
esta última sentencia.
La Junta y la Diputación no actuaron de ninguna manera en
este asunto, siendo llevado únicamente por el Consistorio
burgalés.
Ponferrada
Caso Pongesur
Los hechos ocurren en el municipio de Ponferrada cuando,
tanto en la Junta como en la Diputación Provincial y en el
Ayuntamiento de la localidad, el PP estaba en el poder.
Se trata de un caso de prevaricación, denunciado por el
PSOE, por la gestión de los terrenos en el barrio de La
Rosaleda por parte de la empresa municipal PONGESUR.
La oposición criticó, en 2001, la tramitación ilegal de las
licencias para la retirada de una montaña de escombros de
carbón y la construcción de casi 5.000 viviendas en este
barrio, así como la retirada de una montaña de escombros
de carbón, denominado PAU–1 en el PGOU. Los socialistas
aseguraban que este proyecto no constaba de los suficientes
terrenos para la dotación de equipamientos y servicios que
necesitaba la urbanización.
La primera parte de la querella, que incluía un delito medioambiental,
fue desestimada. Sin embargo, la segunda parte
sí que fue tramitada en agosto de 2002; el 17 de noviembre
de 2005, el TSJ de Castilla y León anuló la modificación
del PGOU en estos terrenos porque no se había “producido
el incremento de las dotaciones exigidas legalmente”. El
PSOE pidió responsabilidades a la Junta por aprobar esta
modificación ilegal y presentó, el 4 de abril y el 18 de mayo
de 2006, dos recursos de reposición ante la Junta Local de
gobierno para que se revocaran las licencias concedidas en
La Rosaleda tras la sentencia. También solició al Procurador
del Común que abriera expediente por estas licencias,
petición que fue denegada ya en enero de 2007.
Por su parte, el PP promovió una modificación del PGOU
con el fin de subsanar las irregularidades y recurrió la sentencia
del TSJ, recurso que fue admitido a trámite el 24 de
enero de 2006.
El 30 de octubre de 2003, tras otra denuncia efectuada
también en 2001 por oscurantismo en este mismo sector
(PAU–1), otra sentencia del TSJ obliga al PP a entregar los
informes completos sobre La Rosaleda al PSOE. La sentencia
es recurrida por el PP el 7 de noviembre de ese mismo
año, pero aun así, facilitó los documentos a los socialistas.
La Junta y la Diputación no realizaron ninguna actuación
acerca de este asunto, al igual que los vecinos, quienes no
protagonizaron ninguna movilización reseñable.
Valladolid
Caso Arroyo
El municipio en el que ocurren los hechos es Arroyo de la
Encomienda (Valladolid), en el que gobierna el Partido Popular,
al igual que en la Diputación y en el gobierno autonómico.
Se trata de un caso de supuesto enriquecimiento de concejales
a través de recalificaciones. En junio de 2005, el alcalde
de la localidad firma un convenio con la apoderada
de Mahía Grupo Inmobiliario para recalificar como urbanizables
los terrenos del sector SAU 9, destinados en un
principio a ser suelo industrial. Finalmente se proyectó la
construcción de 2.984 viviendas, cinco de las cuales (dos de
ellas de protección oficial) pertenecían al concejal de Obras
Javier Cruz.
El 15 de mayo de 2006, el juez de instrucción nº1 abre diligencias
ante un presunto caso de corrupción urbanística
y comienzan a aparecer nuevos datos: aumento de la edificabilidad
en el sector SAU 13 pese al rechazo de la Consejería
de Fomento y contratación por parte de Mahía de
una empresa perteneciente a un diputado del PP (la cual,
sorprendentemente, multiplica por ocho sus beneficios en
un año). El 28 de mayo el TSJ ordena paralizar las obras de
los 150 pisos de más que se habían empezado a construir en
SAU 13, mientras continúan apareciendo datos que delatan
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